Hay dos vías para abortar: de forma gratuita a través de la sanidad pública o acudiendo directamente a una clínica privada y pagar los costes. Para la primera opción hace falta pasar por todos los trámites de la seguridad social; para la segunda, solo contar con el dinero necesario. Si se acude a esta última, esas interrupciones voluntarias del embarazo no quedan registradas en los datos oficiales, de manera que esa realidad no se refleja. Tampoco aquella que se practica en la clandestinidad, como ocurre cuando son menores que se refugian en la ilegalidad para no tener que presentar el consentimiento paterno obligatorio; una práctica en la que las intervenciones no cuentan, a veces, con plena garantía. «Lo que a nosotros no nos llega, no lo podemos controlar», evidencia Azucena Llopis, médico de familia en el Centro de Planificación Familiar de Mérida. Sectores como ACAI, la asociación de clínicas acreditadas, advierten de que si baja el número de menores en las estadísticas oficiales, uno de los motivos es que acuden a métodos fuera del ámbito sanitario.

Precisamente esa necesaria autorización de los padres (han de ser los dos) para chicas de 16 y 17 años, sin excepción alguna (antes se recogía la de «grave conflicto»), es uno de los puntos más polémicos de la reforma de la ley de plazos que se llevó a cabo en 2015 por parte del Gobierno del PP. Se aplicaron varios cambios para reducir este derecho de la mujer. «Fue volver a dar un paso atrás, porque se ponen trabas. Es la doble moral con la que siempre se trata este tema», asegura Llopis.

El asunto vuelve a estar sobre la mesa después de que la semana pasada PSOE y Podemos se dieran la mano para presentar una proposición no de ley para exigir «un aborto seguro y libre para todas las mujeres». Se centran, principalmente, en que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento paterno para evitar consecuencias como las que denuncia ACAI.

Además, apuestan por suprimir el periodo de reflexión de tres días antes de la interrupción e incluir en el Pacto de Educación medidas sobre salud sexual y reproductiva. El argumento es claro: desde que se puso en marcha esta ley de plazos impulsada por el Gobierno socialista (en 2010), que amplió derechos e información y permite el aborto libre hasta las 14 semanas, los datos de interrupción voluntaria del embarazado han descendido. ¿Uno de los principales motivos? El incremento del conocimiento y uso de anticonceptivos como el de urgencia (la píldora del día después), que se puede tomar hasta 72 ó 120 horas después, tal y como destaca LLopis. Añade, además, que la venta libre en farmacias y su facilitación gratuita en Centros de Planificación Familiar ha beneficiado su utilización.

LAS CIFRAS EN LA REGIÓN / En Extremadura el descenso es notable, según las cifras que maneja el Ministerio de Sanidad y la Junta. En los últimos cinco años, la tasa de abortos ha caído a casi la mitad. Si en 2011 hubo constancia de 1.657 intervenciones, el pasado año fueron 892, lo que supone un descenso del 46%. En el primer semestre de 2017 han sido 487.

El perfil de mujer más habitual en la región es una joven de entre 25 y 29 años, de nacionalidad española, sin hijos y sin abortos previos. En la mitad de los casos no ha usado anticonceptivos, mientras que en un 40% de situaciones sí emplea un método eficaz, pero éste falla. La mayoría de las interrupciones se hacen dentro de las 14 primeras semanas, esto es, dentro del periodo en que se considera un derecho sin tener que aportar explicación alguna.

LA POSTURA en EXTREMADURA / Tras la nueva propuesta en el Congreso para que las adolescentes de 16 y 17 años no necesiten autorización familiar, tanto la Junta como los partidos extremeños lanzan sus argumentos.

Desde la consejería de Sanidad y Políticas Sociales defienden que no sea necesario el consentimiento alegando que es una contradicción: «La ley reguladora de la Autonomía del Paciente establece los 16 años para la toma de decisiones en materia sanitaria», subrayan. De manera que apuestan por aumentar los derechos de esta normativa aunque, por otra parte, los centros del SES aún están acogidos a la objeción de conciencia y el aborto solo se pueda practicar en clínicas concertadas.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE en la región, Yolanda Vegas, apunta: «Entre los 16 y los 17 años empieza el proceso de toma de decisiones de la vida, y el ejercicio de la maternidad es otro aspecto más del que deben responsabilizarse». Pero también recuerda la importancia del acceso en igualdad a métodos anticonceptivos y la educación sexual en chicos y chicas adolescentes.

Desde el PP regional, aunque en su momento Monago fue uno de los que pidió mayor consenso ante la reforma integral de la ley del aborto que propuso Gallardón (y que le costó la dimisión), el razonamiento es el contrario. «Entendemos que los menores deben estar acompañados de sus padres o tutores legales en situaciones de vital importancia», subrayan.

En Podemos Extremadura indican: «La reforma de 2015 no responde al ejercicio de protección de adolescentes, sino más bien a un patrón machista que va directamente en contra del desarrollo y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres». Y añaden: «Acceder en igualdad de condiciones a un aborto legal, seguro y oportuno constituye la base fundamental para el ejercicio de una maternidad segura».

En Cs comparten teoría con el PP asegurando que el consentimiento de los padres es necesario y también defienden el periodo de reflexión previo a la intervención. «Nuestra propuesta es un modelo europeo como Dinamarca, Alemania o Francia, que incluya una estrategia nacional de educación sexual».

Las posturas están divididas entre la capacidad de una chica de 16 o 17 años de tomar decisiones propias y responsables, especialmente si vive en un contexto familiar complejo, o la necesidad de un sistema paternalista que sea quien determina el dictamen.