Acorex, la Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura, entra de lleno en la crisis interna que vive Caja Rural de Extremadura. Su dirección ha decidido "formalmente" atender la petición de un gran número de cooperativas socias y pedir la dimisión de sus consejeros en la entidad ante la asamblea general que se celebrará hoy sábado, ya que --señalan expresamente-- "es precisa la total renovación del consejo rector". Acorex, que dirigió el jueves una circular a todos sus asociados, se refiere a la asamblea que Caja Rural de Extremadura va a llevar a cabo esta mañana en la Finca El Toril, a 12 kilómetros de Mérida, donde el consejo rector y la dirección general deben someter a la deliberación de sus 32.200 asociados tanto sus cuentas como su propia continuidad o no en el cargo.

Los tres consejeros aludidos son: Matías Sánchez Gómez, Pedro Blanco García y Emilio Montero Villarrubia. Todos ellos vienen ocupando un sillón en el consejo rector en representación de Acorex y los dos últimos resultan en el reparto de fuerzas afines al actual director general, José Manuel Gómez Piélago. Matías Sánchez Gómez, expresidente de Acorex hasta marzo de 2013, era situado anteriormente del lado del antiguo presidente de la entidad, Román Prieto, en el enfrentamiento que mantenía con la dirección general, al menos hasta que éste dimitió de su cargo el pasado 5 de junio.

Acorex es la primera empresa extremeña del campo, integrando el trabajo de 42 cooperativas de la región, si bien sólo posee 3 asientos de los 12 que conforman el consejo rector. No obstante, su posicionamiento tiene una amplia repercusión puesto que el resto de consejeros resultan 'fichajes' que en cada momento decide la propia dirección, así como la representación sindical de los empleados. La Agrupación de Cooperativas justifica su postura en "la situación de inestabilidad socioeconómica" que vive la Caja Rural de Extremadura. Entienden que poseen importantes vinculaciones con una entidad que consideran "amiga", y por tanto realizan un llamamiento "en pro de un ejercicio de responsabilidad" por parte del actual consejo rector.

Desde la dirección de Acorex señalan que, "ante la actitud mostrada" por sus propios consejeros, --se pidió la dimisión hace varios días y no se ha recibido respuesta--, la Agrupación de Cooperativas se "desvincula" de "cualquier actuación, decisión o conducta" que sus representantes puedan adoptar en los órganos de decisión de la Caja Rural "tanto en el presente como en el futuro", entre otras razones porque los consejeros del consejo rector ocupan su puesto a título personal.

Acorex aboga por "la transparencia, independencia y extremeñidad" de la entidad financiera.

Esta salida se produce después de que este diario haya publicado esta semana que, según un informe interno de Caja Rural de Extremadura, a fecha 2 de junio, no se está cumpliendo con el plan de viabilidad aprobado por el Banco de España.

El mismo contrasta con la carta que el director general de la entidad, José Manuel Gómez Piélago, envió a toda la plantilla el pasado 14 de mayo en la que indicaba que "ya se habían conseguido superar con creces los compromisos reflejados en el Plan de Viabilidad comprometido con el Banco de España". El informe sostiene que "se están refinanciando operaciones antiguas en dudoso cobro, o a punto de entrar en ello que, una vez lleguen los vencimientos, será imposible su pago por cuanto los deudores carecen de los recursos necesarios para ello". Mientras esto ocurre, añade, "las desdotaciones por un lado, y el incremento del ratio de inversión por otro (lo que, a su vez, hace bajar la tasa de morosidad) enmascaran la auténtica situación de la entidad".

OTRA DIMISION Junto a la petición de dimisión de Acorex, cabe señalar que otro miembro del consejo rector de Caja Rural ha presentado su renuncia voluntaria al cargo, en este caso el representante sindical Antonio Masero Oyola, de UGT, quien ocupaba un puesto por ser presidente del comité de empresa. Cabe recordar que dicho comité dimitió en bloque a comienzos del presente mes de junio por el malestar generado entre la plantilla por el conflicto entre los directivos.

Estos días ha trascendido que el pasado 14 de abril el sindicato UGT presentó en la Inspección Provincial de Trabajo una denuncia contra el director general, José Manuel Gómez Piélago, por mantener presuntamente "una política de acoso y persecución sindical frente a miembros del comité de empresa". La denuncia se refería en particular a Antonio Masero, a quien se había dejado sin trabajo efectivo a pesar de desempeñar su labor en una oficina de amplio volumen de trabajo. La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, fue presentada por Rafael Cañete, secretario de Acción Sindical de UGT.

Masero sigue los pasos de Román Prieto y también los de Mario Pessini Benedicto, quien dimitió hace dos semanas del consejo rector. El resto, los otros nueve miembros (los tres de Acorex más José De la Cruz, que es presidente en funciones; Francisco de Borja Ramírez, Luis Cumplido, Miguel Monterrey, José María Sánchez Quirós y Urbano Caballo) siguen adelante y se someten hoy al balance de la asamblea.

Este periódico trató de contactar ayer nuevamente con la entidad a fin de recabar, a través de la dirección general, su versión de los hechos y la postura de Acorex con sus representantes. El ofrecimiento fue desestimado, si bien se comunicó que hoy sábado, tras la asamblea de socios, se convocará una rueda de prensa. Acorex, por su parte, tampoco quiso ampliar su información más que la comunicada, a su vez, a sus socios.