La Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex) ha hecho un llamamiento a los poderes públicos para que recuperen las políticas de consumo en sus agendas. Así, considera «primordial» que se actualice el Estatuto de los Consumidores de Extremadura, que ha quedado desfasado: tras 17 años de vigencia, es el más antiguo del país.

El presidente del colectivo, Javier Rubio, explicó ayer que la Ucex comparte que durante los últimos años la prioridad de los gobiernos haya sido ayudar y proteger a los más vulnerables, pero ya que se atisba la recuperación económica, entiende que es preciso que los poderes públicos recuperen las políticas de consumo que «parecen haber borrado de sus agendas», informa Efe.

Así, con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, desde la Ucex reivindican una normativa de consumo «acorde a los nuevos tiempos» y que tenga en cuenta aspectos como las compras por internet. También es fundamental, según Rubio, mejorar la protección de los usuarios de los servicios bancarios, dando prioridad a los ciudadanos y no a las entidades. Algo que ha sucedido, por ejemplo, en la manera de resolver las cláusulas suelo, con un sistema extrajudicial y unos juzgados especializados «que no están sino demorando la resolución de las reclamaciones».

Rubio ha manifestado, igualmente, que se deben impulsar las medidas de formación e información en materia medioambiental y económica, para reducir la contaminación y mejorar el entorno en ese tránsito hacia una economía verde y circular.

A este respecto, cree que se deben lanzar campañas informativas para reducir el desperdicio de alimentos, que alcanza millones de toneladas en el país cada año, ya que, ha recalcado, «a mayor producción, mayor calentamiento global».

La introducción de la protección al consumidor y la atención al cliente en los baremos para la concesión de servicios públicos o la firma de convenios con, por ejemplo, las entidades financieras, es otra de las medidas que reclama la Unión de Consumidores. En este sentido, Rubio remarcó que no se puede permitir que al tiempo que se cierran oficinas bancarias, se firmen acuerdos que «desfavorecen a los ciudadanos y enriquecen a esas mismas entidades».