Agricultura es el sector económico extremeño que recibió un mayor número de solicitudes dentro del proceso de regularización de inmigrantes finalizado el pasado sábado, y copó el 33% de las peticiones ya admitidas. Detrás se situaría el sector servicios --donde se ha incluido la industria al contar con apenas una treintena de solicitudes--, con 632 tramitaciones, lo que supone el 26% del total, seguido de los empleados de hogar, que alcanzaron el 22%, con 546 peticiones.

Ya a mucha distancia estaría la construcción, con 162 solicitudes, y el apartado de otros sin clasificar , que contabiliza 312. Según los datos ofrecidos ayer en rueda de prensa conjunta entre los subdelegados del Gobierno en Cáceres y Badajoz, Fernando Solís e Inocencio Ramos, respectivamente, hasta este momento en Extremadura se habría admitido el 85% de las 2.932 solicitudes presentadas.

INMIGRANTES CONCENTRADOS En cuanto al reparto por localidades, diez poblaciones extremeñas acaparan el 55% de las regularizaciones. En este ránking aparecen en los primeros lugares las dos capitales provinciales, con 284 en Badajoz y 229 en Cáceres.

Ahí se rompe la lógica de las mayores poblaciones, ya que detrás aparece Almendralejo (201), Mérida (163), Plasencia (143) y Don Benito (96). En el séptimo lugar figura Talayuela, que en este proceso ha sumado 84 inmigrantes a su ya numerosísima colonia de extranjeros.

Después figurarían Navalmoral de la Mata (66), y, como poblaciones de menor tamaño en esta relación, Losar de la Vera, con medio centenar de regularizaciones, y Aceuchal, con una menos.

Por otro lado, también pueden establecerse categorías de preferencia según nacionalidades. Así, bolivianos, colombianos y ecuatorianos han optado mayoritariamente por el sector de empleados del hogar, mientras que en la agricultura priman marroquíes y rumanos.

EXITO, SEGUN EL GOBIERNO En el análisis del proceso, los dos subdelegados gubernativos coincidieron en destacar el éxito "compartido y repartido" de la regularización, y agradecieron el trabajo de los funcionarios y la colaboración de sindicatos, empresarios y entidades como Fempex y Cruz Roja.

Además, Inocencio Ramos indicó que se ha llevado a cabo un proceso "más social que político", donde se había trató de consensuar y cumplir los acuerdos alcanzados, para profundizar en el Estado social y democrático, al sacar de la clandestinidad y de las "bolsas de marginalidad" a un amplio porcentaje de la población inmigrante.

Además, se ha convertido a éstos en ciudadanos con plenos derechos y obligaciones, para hacer aflorar los focos de economía sumergida, por lo que ahora continuarán las inspecciones laborales, con multas mínimas que llegan a los 6.000 euros en caso de tener trabajadores ilegales, ya sean extranjeros o de nacionalidad española.

Otro aspecto destacado por los subdelegados fue que, hasta ahora, los colectivos de inmigrantes no regularizados constituían "una población difícil de controlar", y ahora será de otra manera, ya que están obligados a trabajar "todos los días".

Respecto a posibles fraudes durante el proceso, indicaron que durante el periodo de presentación de documentación se realizaron una quincena de inspecciones para que se justificara el incremento de plantilla, sin que creciese la producción, y a nuevas empresas creadas al inicio de la normalización.

Finalmente, Solís advirtió de que, terminado el proceso "en el que todo el mundo que ha querido se ha puesto al día", no se va a consentir que existan trabajadores sin papeles .