La juez Mercedes Alaya --que investiga el caso de los ERE y Mercasevilla en Andalucía-- irrumpió ayer por sorpresa en Extremadura. Lo hizo con una orden judicial a través de la Guardia Civil en la sede de la Consejería de Fomento en Mérida, pasadas las 09.00 de la mañana, dentro de una macrooperación en 13 provincias del país, donde se produjeron 32 detenciones, la mayoría funcionarios públicos y también algunos políticos.

Entre ellos, en Extremadura, fue detenido el jefe de Sección de Conservación y Explotación de Carreteras (J. M. P. G.) en la propia sede de la consejería (avenida de las Comunidades, s/n, ubicada en la zona administrativa del III Milenio) mientras se encontraba en su puesto de trabajo. Este funcionario no tiene despacho propio pero sí módulos que le hacen estar no demasiado separado de sus compañeros. Allí fue detenido por los agentes y se mantuvo en el edificio durante las más de nueve horas que duró el registro, hasta pasadas las siete de la tarde. Luego, fue trasladado a Sevilla --junto a los agentes y la documentación incautada-- cuando terminó el mismo, para ser interrogado en el juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, que lleva el caso. El traslado no se produjo a la hora de la detención --como se especuló en un principio-- sino que estuvo presente en el registro en todo momento.

Los agentes, vestidos con chalecos de la UCO, pidieron diversa documentación durante toda la jornada a los técnicos de la consejería, quienes se vieron sorprendidos por el registro y también por la detención porque este jefe de servicio no levantaba ningún tipo de sospecha entre sus compañeros, según las fuentes consultadas.

El alto funcionario trabaja en esta consejería desde agosto de 1984. Mercedes Ayala le imputa los delitos de cohecho, prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude, exacción ilegal y blanqueo de capitales.

Los siete agentes de la UCO requisaron información de cinco empresas concretas y sus relaciones con la adjudicación de obras en la región (en concreto en carreteras) en concreto desde hace 15 años, en especial desde 2010 hacia atrás.

Entre estas empresas se encuentra la principal que se investiga en la ramificación del 'caso Mercasevilla'. Se trata de la contratista Fitonovo SL, con sede en la capital andaluza, y que ha conseguido concursos en Extremadura al menos desde el año 2000. Entre otras, la Guardia Civil se incautó de los concursos publicado el 28 de octubre de 2005 por un importe de 211.046,22 euros para la contratación de los servicios de asistencia técnica en la 'Conservación de márgenes de carreteras de la Junta de Extremadura en la zona de Plasencia'.

MAS CONTRATOS Otro concurso bajo sospecha es una resolución publicada el 13 de mayo de 2010 para la 'conservación de márgenes de carreteras de la Junta de Extremadura en la zona Plasencia-Coria' por un importe de 205.159,88 euros, más el 16% de IVA (237.985,46 euros). Fuentes conocedoras de la investigación insisten en que ni son solo los dos únicos contratos investigados ni la empresa Fitonovo SL es tampoco la única que está siendo investigada en Extremadura, aunque sí podría ser la principal. Existirían, por tanto, otras cuatro, aunque de momento no han trascendido los nombres.

La empresa sevillana no sólo resultó adjudicataria con la Consejería de Fomento sino que también ganó concursos con Adif (la empresa pública del Ministerio de Fomento) para hacer obras de 'mantenimiento y mejoras' en la estación de Mérida en el año 2009.

La adjudicación, junto a otras dos estaciones, se produjo el 12 de noviembre y todos ellas ascendieron a 152.000 euros. También está empresa consiguió una concesión el 2 de noviembre de 2010 por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el desbroce de arbolado en el término municipal de Badajoz, en concreto junto a los ríos Guadiana y Gévora. De estos dos últimos contratos no se tiene constancia, hasta el momento, de sospechas.

El portavoz del PP en el Parlamento extremeño, Miguel Cantero, aseguró ayer que la "trama" que, en su opinión, se ha urdido contra José Antonio Monago, por sus viajes a Canarias, se ha montado para "tapar" las repercusiones de la 'Operación Madeja' en la región. Cantero defendió ayer la "integridad" de todos los funcionarios extremeños, atribuyó la responsabilidad de los expedientes que investiga la UCO en Extremadura a los dirigentes del PSOE, que gobernaban la región entonces, y habló, incluso, de "una posible financiación ilegal" de este partido. Por ello, pidió ayer la dimisión de Vara como diputado, ya que en 2010 era el máximo responsable político.

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García, enmarcó ayer la extensión de la 'Operación Madeja' a Extremadura "solo en el ámbito de los funcionarios y no de los responsables políticos", como a su juicio pretende hacer el PP. Defendió la presunción de inocencia para el funcionario detenido, pero aclaró que si se demuestra su culpabilidad en los hechos que se le imputan, deberá asumir las responsabilidades que le marque la Justicia, porque "quien la hace, debe pagarla". Recalcó que lo que se investiga en Extremadura está en el ámbito de lo funcionarial, "por si alguien tiene la tentación, ávidos como están algunos de hacer muchos tuits, para resarcirse de una mala semana".

Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Escobar, lamentó que se tarde tanto tiempo en instruir un sumario y que "la Justicia sea tan lenta para resolver los casos de corrupción", pero instó a que continúe a investigación y "llegue a donde tenga que llegar". Para Escobar, con la extensión de la 'Operación Madeja' se confirma que la corrupción "parece ser que funciona como los fluidos, como los vasos comunicantes, pasa de un territorio a otro".

Desde Prex-Crex, su portavoz, Damián Beneyto, instó también ayer a actuar a la Justicia con celeridad, porque aseguró que no se pueden instruir los casos durante años con el riesgo incluso de que los hechos prescriban.

Sobre este asunto se ha pronunciado hoy en Don Benito el consejero de Fomento, Víctor del Moral, quien se ha mostrado "sorprendido" por la detención de un funcionario de este departamento en el marco de la Operación Enredadera dirigida por la juez Mercedes Alaya. En manifestaciones a los periodistas tras la inauguración en Don Benito del Foro Ficon, Del Moral ha expresado su "respeto" por la actuación de la Guardia Civil en la Consejería de Fomento, que se ha vivido con "normalidad y tranquilidad" y en la ha habido "máxima colaboración" con los agentes y la Justicia. Del Moral ha aclarado que las puertas de su departamento están abiertas para "investigar lo que haya que investigar porque no hay nada que ocultar". Como el caso está sometido a secreto de sumario, el consejero se ha limitado a decir que "la juez Alaya ha solicitado documentación referida a los contratos adjudicados a cinco empresas en los últimos quince años y esa información se puso a disposición de la Justicia en la tarde de ayer".