Dos años después, la reforma de los cuerpos de policía local vuelve a la Asamblea. Tras un primer intento fallido a instancias del PP a finales de la pasada legislatura, la Junta enviará esta semana al Parlamento un nuevo proyecto de ley para su debate y aprobación. El texto ya recibió ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno, con dos principales novedades: la posibiliad de que los pequeños municipios se asocien para prestar el servicio en común y la regulación del nombramiento del jefe de la policía local.

Según explicó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, este seguirá siendo un cargo de confianza pero a diferencia del proceso de «libre designación abierta» que planteó el PP y que generó «mucha repercusión», ahora se introduce una convocatoria pública de acuerdo a los criterios de igualdad, mérito y capacidad. El proceso selectivo quedará limitado a los funcionarios de carrera que tengan la máxima categoría dentro de la plantilla del cuerpo de policía de cualquier ayuntamiento de la región, ya que se circunscribe al ámbito geográfico de Extremadura.

La portavoz destacó que esta nueva regulación dota de mayor transparencia a los nombramientos y «dista mucho» de la que se recogía en la propuesta de ley del PP, que no se consensuó y que fue finalmente retirada al no recibir el apoyo de la Cámara y contar con informes «muy negativos» del Consejo de Estado.

Y es que, según Gil Rosiña, según la propuesta «abierta y no reglada» de los populares, cualquier miembro de un grupo de segurida e incluso el Ejército podría ser nombrado por un alcalde jefe de la policía local, algo que tuvo «una gran contestación». Frente a ello, destacó, el Gobierno socialista lleva a la Asamblea en esta ocasión una normativa «muy consensuada y trabajada con todos aquellos que tienen algo que decir»: sindicatos, asociaciones o Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, entre otros colectivos.

Pese a los cambios, la elección del jefe de la policía local ‘a dedo’ sigue sin gustar a los sindicatos, que no obstante valoran las limitaciones introducidas en pro de un consenso en el que todas las partes tienen que ceder.

VALORACIÓN POSITIVA / En cualquier caso, desde CSIF (sindicato mayoritario en la Administración autonómica) el texto se valora en su conjunto de forma muy positiva, pues tal y como remarcó Gil Rosiña, la nueva ley viene a sustituir una anterior de 1990 que ya se había quedado obsoleta pese a las reformas de 1993, 2002 y 2014 y que era necesario sustituir en su conjunto para contar con unos cuerpos de policía local «adaptados al siglo XXI». En este sentido, el nuevo texto busca dar respuesta a las novedosas y crecientes demandas sociales en materia de seguridad e implicar a las policías locales en aspectos como la delincuencia de proximidad, la protección de menores o la violencia de género.

Además de la regulación de los nombramientos, otra de las novedades fundamentales que introduce, de la que ya informó este diario, es la posiblidad que se da a los pequeños municipios de asociarse para prestar el servicio en común. Al respecto, Gil Rosiña detalló que no se trata de mancomunar las policías locales, sino permitir que los pequeños municipios limítrofes puedan asociarse para prestar el servicio en común. Para ello es necesario que la suma de su población no supere los 40.000 habitantes y acreditar que carecen de recursos para prestar el servicio en solitario.

Por otra parte, con la nueva ley también desaparece la figura del auxiliar, de forma que todos los efectivos pasarán a tener la condición de agentes, con una plantilla mínima de tres para crear un nuevo cuerpo. Otra de las novedades es la regulación de la segunda actividad (se reconoce por primera vez para los periodos de embarazo y lactancia) y la jubilación anticipada.