Era para cerrar las puertas y salir corriendo". Esta expresiva frase, del alcalde de Plasenzuela, Adrián González, retrata el sentir de muchos alcaldes extremeños cuando el lunes leyeron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que el Gobierno les prohibía pedir nuevos créditos hasta el 2012. Entonces estaban en peligro inversiones y obras planificadas o en ejecución e incluso la viabilidad económica de algunos consistorios. Pero ayer, tras la rectificación del Ejecutivo, los ayuntamientos extremeños respiraron más sosegados. La medida sigue en pie, aunque con un importante matiz: se aplicará a partir del 1 de enero del 2011, en lugar de la inmediata entrada en vigor prevista en el decreto publicado el lunes. De esta forma, los consistorios disponen de siete meses para hacer frente a sus proyectos, solicitar o renovar créditos y planificar el próximo ejercicio económico sin una de sus principales vías de financiación.
Entonces, ¿cómo les va a afectar? Los regidores de las grandes ciudades creen que la incidencia será pequeña. Pero en consistorios como el de Mérida o Navalmoral ven dificultades para cumplir otro requisito: el de cancelar año a año los créditos para operaciones de tesorería.
En Badajoz, su primer teniente de alcalde, Francisco Javier Fragoso, aseguró que el decreto tendrá escasa repercusión. Según afirmó, el ayuntamiento tiene una "economía saneada" y "margen" para solicitar préstamos sin pedir permiso en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que aseguró que intentarán agotarlo este año "para que aquellas inversiones importantes no queden descolgadas". "Hemos hecho los deberes y gracias a una buena gestión económica capeamos la situación", subrayó. Fragoso auguró que el 2011 no será un año de grandes inversiones, "porque a mitad de año se inicia nueva legislatura. Sin embargo, este 2010 sí es fundamental para acabar de hacer aquellas que están en nuestro proyecto político".
EN CACERES, "NO AFECTARA" Tampoco en Cáceres se espera un impacto significativo, según explicaron su alcaldesa, Carmen Heras, y el concejal de Economía, Lorenzo de la Calle. Este último aseguró que no hay previstas nuevas operaciones de crédito a largo plazo, ni este año ni el próximo. El edil precisó que en el 2008 se concertó un crédito para inversiones por importe de 9,8 millones de euros, contrato que se adjudicó al Banco Santander y del que aún quedan por invertir "unos 4 millones". Con este crédito se realizó una previsión de gasto plurianualizada para toda la legislatura. El año pasado, el consistorio también concertó seis operaciones de crédito por valor de 30 millones, en base al real decreto de abril del 2009 que permite endeudarse para pagar a acreedores. Estas seis operaciones se pagan en 12 cuotas semestrales y su pago se atenderá con el canon a percibir de la nueva empresa concesionaria del agua.
En localidades como Don Benito y Almendralejo no se prevén dificultades. "Carecemos de complicaciones y no tendremos que recurrir a endeudamientos a largo plazo", subrayó Mariano Gallego, el regidor dombenitense. "Ayer --por el lunes-- sí nos afectaba, hoy no. Tenemos prevista una operación el próximo mes para financiar inversiones de este año y queremos refinanciar una deuda a largo plazo que venimos arrastrando, ambas de 5 millones de euros. Con la rectificación no va a haber problemas y, para el año que viene, sabemos que no contamos con este recurso", precisó su homólogo en Almendralejo, José María Ramírez.
En Navalmoral, el ayuntamiento tiene en la actualidad dos créditos a largo plazo "a punto de vencer". Además, "el consistorio no ve ninguna necesidad ni tiene previsto" solicitar otro crédito de este tipo. Donde sí afectará la nueva normativa es en los créditos de corto plazo, como la operación de tesorería por un millón de euros firmada en marzo para pagar a proveedores. Este contrato expira el próximo 28 de febrero, pero con el nuevo decreto deberá estar liquidada a finales de año. "Esto va a provocar una tensión financiera innecesaria a pesar de nuestra buena planificación", consideró el teniente de alcalde moralo, José Pascual.
Donde sí hay preocupación es en Mérida. Su alcalde, Angel Calle, aseguró que el decreto será un "sacrificio doloroso y costoso", porque es "física y metafísicamente imposible que muchos ayuntamientos puedan devolver a finales de año las operaciones de tesorería que se vienen revisando año tras año". Calle explicó que el consistorio emeritense tiene operaciones coyunturales que se renuevan desde hace "10 o 15 años" y que "se han convertido en estructurales". Ahí es donde ve mayores dificultades, porque "no estamos gastando nada" y la prioridad son servicios y nóminas.
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, estimó que la restricción afectará a las inversiones: "Vienen años en los que se podrán tener menos infraestructuras físicas y se deberá priorizar otras infraestructuras más importantes para el futuro, como las educativas o la formación del capital".
LA OPOSICION, MUY CRITICA El decreto con las medidas aprobadas la semana pasada por el Consejo de Ministros fue publicado el lunes y en él se incluían estas medidas de calado municipal que no habían sido anunciadas ni negociadas con los ayuntamientos. Esto provocó fuertes críticas hacia el Gobierno. que decidió dar marcha atrás y matizar el documento con una corrección de errores en el BOE en la que se explica que la prohibición de contraer créditos a largo plazo será vigente solo durante el 2011. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, restó ayer importancia a esta rectificación: "Advertimos el error en el día de ayer. Y es verdad que empezaron a llamar algunos alcaldes preocupados". reconoció.
Para el Partido Popular, esta situación es un "absoluto despropósito" y "un nuevo bandazo" del Gobierno. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santa María, criticó que los ayuntamientos no hayan sido consultados sobre esta restricción de créditos. Mariano Rajoy, presidente del partido, acusó al Ejecutivo de impulsar "medidas de fin de semana, impuestas, profundamente injustas, improvisadas, ineficaces e insuficientes". Y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, calificó a Rodríguez Zapatero de "incompetente, ignorante, inmoral político y miserable" por sus medidas "salvajes" para afrontar la crisis, como la de "cargar" financieramente a los ayuntamientos la "quiebra real" de los servicios en España. La Generalitat de Valencia incluso estudia recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional.
El presidente nacional de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirmó en Badajoz que este decreto, al restringir el acceso de los ayuntamientos a los créditos, acarreará "más paro, más morosidad y retrasará aún más la recuperación económica".
