El mercado del alquiler de vivienda continúa siendo una actividad que escapa al control fiscal. Según las últimas estimaciones dadas a conocer ayer, en la región hay más de 22.400 pisos en régimen de arrendamiento que no se declaran ante Hacienda y que, por tanto, permite a sus propietarios eludir la obligación de pagar los impuestos asociados a este tipo de actividades económicas. Esta cifra supone que el 69% de los alquileres existentes en Extremadura se realizan y pagan con dinero negro, a través de la denominada economía sumergida; un dinero que origina unas rentas próximas a los 28 millones de euros.

El problema no es nuevo. Más bien, al contrario, la situación se viene reproduciendo en los últimos años, en los que los números de alquileres no declarados apenas ha descendido a pesar de las diversas medidas fiscales y de fomento del arrendamiento puestas en marcha por el Gobierno central con el apoyo de las comunidades autónomas --entre ellas, la Reforma Fiscal, la Ley de Prevención del Fraude, la Renta Básica de Emancipación, la Sociedad Pública del Alquiler y las nuevas exenciones fiscales para el arrendador y el arrendatario--.

De acuerdo con las cifras que maneja el Cuerpo de Técnicos de Hacienda (Gestha) --organización integrada por trabajadores del propio Ministerio de Economía y Hacienda--, entre el 2006 y el 2007 apenas se ha reducido en un millar el número de viviendas que estaban en régimen de alquiler y sin declarar en Extremadura. Esto mantiene a la región como la segunda con mayor nivel de fraude --en términos porcentuales de vivienda sin declarar sobre el total de alquiladas--, con un 69%. Por encima solo está Andalucía, con un 74%, mientras que la media española se sitúa en el 54% y en comunidades como La Rioja o Aragón los alquileres sumergidos apenas suponen el 16% de su mercado.

LAS CAUSAS "En estas dos regiones --Extremadura y Andalucía-- se observa que existe, tradicionalmente, un comportamiento de los propietarios hacia el autoconsumo. Es decir, se tiende a prescindir de las Administraciones a la hora de gestionar sus asuntos y negocios", explican desde Gestha.

Los técnicos de Hacienda atribuyen el lento descenso del número de alquileres no declarados al "reducido impacto" y la limitación de la reforma fiscal, que determinaba que sólo pueden beneficiarse de una reducción del 100% del rendimiento neto aquellos propietarios cuyos inquilinos --trabajadores o autónomos-- tengan entre 18 y 35 años y unos ingresos superiores a 7.236,60 euros. Es decir, son prácticamente los mismos beneficiarios del antiguo Plan de Vivienda 2005-2008 y de la ayuda joven al alquiler --Renta Básica de Emancipación--. El resto de propietarios, que son la mayoría, siguen en las mismas condiciones que en años anteriores y sin tener nuevas motivaciones para declarar sus arrendamientos.

Asimismo, desde Gestha denuncian que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría destapar la mayoría de estos alquileres. Se trata, según explican, de la exigencia que se iba a poner a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas para que obligatoriamente facilitasen a la Administración los datos de consumo de todas las viviendas. De esta forma se podría identificar los inmuebles que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente un alquiler sumergido y por tanto están defraudando a Hacienda.