Un total de 41 municipios extremeños, 18 de la provincia de Badajoz y 23 de Cáceres, han sido seleccionados por el Gobierno central para llevar a cabo el procedimiento de regularización catastral, un proceso que será de aplicación desde mañana y hasta el 30 de diciembre de 2014.
Según recoge el BOE, los municipios pacenses adheridos a este procedimiento son Ahillones, Baterno, Calamonte, Capilla, Castilblanco, Fuente del Arco, Garbayuela, Garlitos, Montemolín, Peñalsordo, Risco, Sancti-Spíritus, Tamurejo, Valverde de Llerena, Villar del Rey, Villarta de los Montes, Zarza Capilla, y Badajoz.
Por lo que respecta a la provincia de Cáceres, los municipios que pondrán en marcha el proceso son Alcuéscar, Alía, Arroyomolinos, Botija, Cañaveral, Casar de Palomero, Ceclavín, Cuacos de Yuste, Eljas, Escurial, Fresnedoso de Ibor, Garciaz, Herguijuela y Hervás.
También se llevará a cabo en las localidades cacereñas de Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Navalvillar de Ibor, Oliva de Plasencia, San Martín de Trevejo, Santa Cruz de la Sierra, Sierra de Fuentes, Torrecilla de los Ángeles, Torreorgaz.
En diciembre de 2012, el Gobierno central aprobó una medida que permite a los propietarios de inmuebles con características que no están recogidas en el catastro regularizar su situación a través del pago de una tasa de 60 euros y de los impuestos como el IBI e intereses de demora que se hayan dejado de abonar.
El procedimiento de regularización catastral tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral.
Este procedimiento se desarrolla entre 2013 y 2016 en todo el territorio nacional, excepto en el País Vasco y Navarra.
La determinación de los municipios afectados y el período de regularización se establece mediante resolución de la Dirección General del Catastro publicada en el BOE y la iniciación del procedimiento, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
