Se cumple un año desde que el PSOE ganó las elecciones autonómicas y volvió a coger, tras la primera etapa de gobierno del PP, las riendas de la Junta de Extremadura. Un año de cambio político que sin embargo, da la sensación de que ha transcurrido al ralentí, pues con un Ejecutivo en minoría y la irrupción de Podemos y Ciudadanos en la Asamblea, las negociaciones para la investidura de Guillermo Fernández Vara, apoyada por la formación morada, y la dificultosa aprobación de los presupuestos, que salieron adelante al segundo intento gracias a la abstención del PP, han centrado la actividad política. A ello se suma que en estos 12 meses, la acción de Gobierno ha estado marcada por la reversión de las medidas más polémicas de José Antonio Monago y los desencuentros con el Ministerio de Hacienda, latentes desde el minuto uno.

Cierto es que hasta el próximo 4 de julio, día en el que Guillermo Fernández Vara tomó posesión de su cargo, no se cumple un año de gobierno socialista, pero también lo es que los primeros 12 meses de legislatura ya se han agotado y por tanto, en tres años los extremeños estarán de nuevo expresando su voluntad en las urnas. En la noche electoral del 24 de mayo de 2015, el PSOE ganó las elecciones autonómicas al obtener 30 diputados en la Asamblea, frente a los 28 del PP. Una ajustada victoria que le ha permitido recuperar el liderazgo de la Junta de Extremadura pero que también le obliga a negociar cada cuestión. Desde el minuto uno Vara prometió diálogo y aunque ya en la noche electoral Monago anunció que el PP permitiría gobernar a la lista más votada, lo primero que hizo el socialista es abrir negociaciones con el resto de partidos para sumar apoyos de cara a su investidura.

El apoyo de Podemos

Esta se produjo el 1 de julio, tras constituirse días antes el nuevo Parlamento con Blanca Martín como presidenta. Finalmente, Vara pudo salir designado en primera vuelta y por mayoría absoluta gracias al apoyo de los seis diputados de Podemos, formación que en un primer momento se alzó como su interlocutor preferente toda vez que Ciudadanos solo cuenta con una diputada cuyo voto no resulta decisivo. Tras mantener una ronda de reuniones en la denominada 'Corrala' de Mérida --los socialistas accedieron a reunirse en una barriada de la capital cuyas viviendas estaban entonces ocupadas por el Campamento Dignidad e incluso aceptaron grabar y retransmitir las conversaciones por internet-- , Podemos votó a favor de la investidura "por mandato de las bases".

La decisión se sometió a una consulta entre los círculos y aunque la dirección del partido reconoció después que era más favorable al no o la abstención, los seis diputados acataron el resultado. Jaén matizó entonces que solo se trataba de un apoyo puntual para la investidura y que Podemos pasaría inmediatamente después a la oposición, pero lo cierto es que este respaldo hizo aparecer los fantasmas de un supuesto pacto de gobierno previamente cerrado, planteamiento que defendió el PP.

No exenta de polémica, la cuestión ha vuelto a saltar a la palestra esta semana, tras reconocer abiertamente en una tertulia televisiva el portavoz socialista, Miguel Angel Morales, que Podemos tuvo ofertas para entrar en el Gobierno de Vara. Sus palabras han sido corroboradas por el líder de Siex, socio electoral del PSOE, pero desmentidas en rotundo por Podemos y también desde el Grupo Parlamentario Socialista, que atribuye "a la dialéctica de una tertulia" que el portavoz del partido haya dicho lo contrario.

Pero si hay algo cierto, es que la sintonía entre el PSOE y Podemos duró poco. Exactamente hasta el primer debate de presupuestos, que se celebró en noviembre y supuso la primera prueba de fuego para el gobierno socialista en minoría. El Ejecutivo llevó el pasado octubre a la Asamblea un borrador sin negociación previa y todas las fuerzas de la oposición respondieron presentando sendas enmiendas a la totalidad. La de Podemos fue la primera que se votó y salió adelante gracias al apoyo de los diputados del PP. La Asamblea obligaba a la Junta a presentar un nuevo presupuesto, pero ante la cercanía de las elecciones generales del 20 de diciembre, se optó por abrir un periodo de negociación después de la cita electoral para no "contaminar" el diálogo.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, inició en enero la ronda de contactos con PP, Podemos y C's, resultando finalmente imposible un acuerdo a tres bandas como quería Vara. Las negociaciones con Podemos no cristalizaron --la formación pedía más deuda histórica, el incumplimiento de los objetivos de déficit y subida de impuestos a las rentas altas-- y finalmente, el Ejecutivo cedió a las peticiones del PP, que reclamó más fondos para inversiones de la deuda histórica y la Unión Europea, y también renunciar a cualquier subida de impuestos. Gracias a la abstención de los populares, las cuentas salieron adelante el pasado 1 de abril, tres meses después de lo previsto.

Acción de gobierno

Sin presupuesto propio hasta hace escasas semanas, hay que reconocer que el margen de acción del nuevo Ejecutivo ha sido limitado, a lo que se suman los desencuentros con el Ministerio de Hacienda, latentes desde el minuto uno de la legislatura por el estado de las cuentas públicas, el incumplimiento del déficit o el excesivo plazo de pago a proveedores. No en vano, apenas una semana después de tomar posesión, Vara denunció que Cristóbal Montoro amenazaba con intervenir Extremadura tras la gestión del PP. Advertencias que se agravaron el pasado abril, cuando en una carta el ministerio avisaba que se iba a proceder a retener fondos del sistema de financiación autonómica a la región por incumplir los plazos para el pago de facturas pendientes.

En este contexto, la actividad de la Junta ha estado marcada por la revisión de las medidas más polémicas de Monago: reapertura de las urgencias rurales, supresión de la ESO de los mil euros y de la paga de 300 euros para las mujeres que vivieron la posguerra, aprobación de un nuevo currículo escolar para ESO y Bachillerato o la vuelta a los 10 festivos comerciales de apertura al año son algunas de las medidas impulsadas. No obstante, en este tiempo también se ha recuperado la concertación social, lo que ha permitido firmar con los sindicatos una nueva Estrategia de Empleo o el Pacto por el Ferrocarril, al que también se han sumado los grupos parlamentarios. Además, se ha suprimido el Consejo Consultivo y se ha impulsado un decreto con medidas extraordinarias contra la exclusión social que incluye la reforma de la renta básica, texto que todos los partidos se han comprometido a negociar para aprobarlo antes de julio.

Y próximamente deberían llegar a la Asamblea leyes como la de Medidas Tributarias, que recoge una rebaja del canon del agua y la polémica supresión del IBI a los centros sanitarios, o la de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. También está en proceso la reforma de la Ley Agraria y a instancias de Podemos, se han aprobado la Ley de Cuentas Abiertas o la reforma de la Ley de la Ciencia. En el ámbito parlamentario, cabe resaltar que se han impulsado también varias comisiones de investigación, entre ellas una para aclarar si las injerencias políticas en la pasada legislatura contribuyeron a la caída de Acorex.

"Diálogo permanente"

Preguntada sobre el primer aniversario de las elecciones del 24-M, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha reconocido esta semana "el esfuerzo" de la Asamblea en una legislatura sin mayoría absoluta que exige "de la corresponsabilidad, del esfuerzo y del diálogo permanente", como ha quedado latente en el proceso para sacar adelante unos presupuestos "no exentos de dificultad".

Por su parte, el portavoz socialista en la Asamblea, Valentín García, destaca que ahora en la región hay "esperanza" después de la "etapa negra" del gobierno del PP. Según García, en estos 12 meses se ha puesto de manifiesto que "se acabaron los recortes" y también el ser "sumiso" con el Gobierno de Madrid, pues "ahora se exige al Ejecutivo nacional lo que es de justicia para Extremadura". Lamentó no obstante que el cambio no pueda ser "más rápido", ya que el PP dejó las cuentas "en bancarrota".

Para los populares sin embargo, un año después de las elecciones Extremadura está en "colapso". La portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha recordado que desde que gobierna el PSOE la región acumula un incremento del paro juvenil y femenino, así como una caída del número de autónomos y de la producción industrial, entre otros indicadores. A su juicio, esto evidencia que se ha retomado "el círculo vicioso" de las tradicionales políticas socialistas en la región.

Desde Podemos, su líder regional y portavoz en la Asamblea, Alvaro Jaén, ha destacado que en estos 12 meses, su formación ha sido "constructiva" y ha demostrado que "se puede hacer política de una manera distinta". "Hemos cumplido con nuestra palabra. Dijimos que fiscalizaríamos al Gobierno y lo hemos hecho", señaló Jaén, para quien la formación ha mantenido una postura "coherente". Por último, desde C's, la diputada Victoria Domínguez se mostró convencida de que su grupo está haciendo las cosas bien en la Asamblea ejerciendo una oposición "tranquila", aunque sí reconoció cierta frustración porque determinadas propuestas de la formación, como la rebaja del canon del agua, no terminan de ejecutarse.