Extremadura y Andalucía miran hoy hacia el nuevo documento que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, presentará hoy a los sindicatos con su modelo de financiación del subsidio agrario. Una propuesta que no fue mal recibida por los presidentes autonómicos de ambas comunidades, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Manuel Chaves, y de la que viven pendientes miles de jornaleros del campo extremeño y andaluz que dependen de esta prestación.

Aunque no hay documento oficial, las bases de la propuesta ya han trascendido. El modelo diseñado por Zaplana, que será contributivo y generará derecho a pensión, irá en cierta medida ligado a la disponibilidad que muestren los beneficiarios para aceptar ofertas de trabajo y participar en cursos de formación.

Respecto a los requisitos habrá pocas variaciones. Habrá que juntar 35 peonadas y la cantidad de la ayuda será igual que en el antiguo PER, 75% del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, los sindicatos quieren leerse la letra pequeña donde pueden estar los verdaderos cambios.

De momento, la postura sindical se adoptará de forma conjunta. Delegaciones de CCOO y UGT, encabezadas por sus secretarios generales, José María Fidalgo y Cándido Méndez, se reunirán hoy para analizar la propuesta sobre la nueva reforma del subsidio agrario. Del encuentro saldrá la decisión de si mantienen o desconvocan la huelga general de 24 horas convocada para el próximo 20 de febrero en el campo extremeño y andaluz.

En Izquierda Unida las cosas se ven bien distintas. La coalición en de Extremadura denunció ayer que el PP y el PSOE "están haciendo cálculos electorales" con la reforma y creen que el Gobierno pretende "meter en una lenta agonía" a este sistema al pretender otorgarle una vigencia de seis años.

En caso de que no haya acuerdo, IU anunció la decisión de ocupar el 2 de febrero, de forma simbólica, una finca extremeña propiedad de Micaela Domecq, esposa del ministro de Agricultura.