El ´impuesto ecológico´ fue anulado por una sentencia del TC de 13 de junio del 2006. Acababa así un pleito iniciado en 1997 cuando la Junta puso en marcha el tributo que obligaba a las eléctricas a pagar por sus centros de producción de energía y por las torretas y tendidos de distribución. Este impuesto fue recurrido ante el Constitucional por el anterior Gobierno, aunque el actual retiró el recurso hace unos meses. Sin embargo, la retirada no frenó el proceso, puesto que las eléctricas lo habían impugnado por vía contenciosa administrativa ante el TSJEx, y este tribunal trasladó sus dudas al TC. El gravamen se ha venido aplicando desde 1998. En la práctica, y al estar vinculado a la producción de electricidad, la mayor parte del tributo era soportado por la central de Almaraz, propiedad de Iberdrola (52,5%), Endesa (36,1%) y Unión Fenosa (11,4%).
Desde la Junta se insiste en que pese a la anulación de la norma que regula el impuesto en su redacción original, el tributo sigue siendo aplicable porque se modificó en el 2005. Lo cierto es que el Constitucional no se ha pronunciado, puesto que el objeto del proceso viene marcado por la consulta planteada por el TSJEx.
