La aplicación de la futura ley de dependencia ha abierto un nuevo enfrentamiento entre socialistas y populares. El PP de Extremadura pididó ayer que se regule por ley la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes para que el grado de prestación no dependa de "la voluntad" de los gobiernos de cada momento.
Según Carlos Floriano, presidente del PP extremeño, hizo esta demanda en Mérida, cada ayuntamiento y ONG que prestan atención a las personas dependientes reciben los recursos precisos mediante convenios puntuales que tienen un año de duración, lo que hace, dijo, que estos servicios tengan un carácter inestable, especialmente cuando caducan los convenios.
Por esto, reclamó que una ley regule esta cuestión y proporcione estabilidad a estos servicios y que no sea objeto de actitudes
"partidistas".
RESPUESTA SOCIALISTA El portavoz de la Comisión Permanente del PSOE de Extremadura, Francisco Fuentes, afirmó ayer que la atención a las personas dependientes será "un derecho" gracias al PSOE, ya que el Gobierno impulsa una ley que será puesta en práctica junto a las regiones y los ayuntamientos, y que el PP practica en este tema "una oposición indirecta".
Fuentes respondió así a Carlos Floriano y su petición de que "se regule por ley" la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes.
Según el dirigente socialista, este servicio público será "la cuarta pata" del Estado del bienestar junto a los educativos y sanitarios, y las pensiones, de los que recordó que fueron garantizados como derechos mediante leyes aprobadas por el Gobierno de Felipe González.
La atención ya no dependerá de "la voluntad de los gobernantes" ni será "una ayuda de beneficencia" cuando sea aprobada la Ley de Dependencia, dijo Fuentes. Lo único que "se discute" ahora es cómo hacerlo, es decir, circunstancias como los plazos y las partidas presupuestarias.
