La Junta de Extremadura aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Gobierno regional, que integrará la actividad preventiva en el sistema general de gestión y establece la política de prevención de riesgos laborales.
Según recoge la agencia Europa Press, el Consejo de Gobierno dedice que la Junta "aportará los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud de los empleados públicos" y "para mejorar de manera efectiva las condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales al servicio de los ciudadanos, elevando así el nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo".
Además, la Junta de Extremadura velará por la protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura, por la vigilancia periódica del estado de salud de los empleados públicos en función de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo y se encargará de la información y formación de los empleados públicos sobre prevención de riesgos laborales.
Este plan será asumido por toda la estructura organizativa, por todos los niveles jerárquicos, y será conocido por todos los trabajadores. El documento de creación del plan incluirá el número de centros de trabajo y el número de trabajadores, la estructura organizativa de la empresa, las funciones y responsabilidades establecidas en los diferentes niveles jerárquicos en relación con la prevención, así como la política y los objetivos que en materia preventiva alcanzará la Administración autonómica.
Gestión sostenible de los montes
El Consejo de Gobierno da el visto bueno al decreto por el que se regulan las bases de las ayudas para la gestión sostenible de los montes extremeños, que se dividen en cuatro líneas de subvenciones diferenciadas, en concreto, el aumento del valor económico de los bosques; la primera forestación de tierras no agrícolas; la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas; y ayudas a inversiones no productivas.
Asimismo, el texto aborda, entre otras cuestiones básicas, quién puede solicitar las ayudas, qué actividades son subvencionables, en dónde se han de realizar, con sus correspondientes limitaciones de superficie, y en qué cuantía se podrán subvencionar.
También se regula qué gastos tendrán la consideración legal de subvencionables, la financiación de las ayudas y lo relativo a la protección de datos de carácter personal. En otro apartado el decreto detalla todo lo relacionado con el cauce administrativo instituido para garantizar que la resolución que se adopte sea adecuada y que se compruebe la ejecución correcta de lo subvencionado, para lo cual se crea un órgano colegiado encargado de proponer la concesión de las ayudas.
