La Asamblea de Extremadura aprueba hoy, en sesión plenaria y con la mayoría socialista, la Ley de Actuación Integral en Zonas de Atención Especial, que busca la inclusión social de los vecinos que residen en barrios desfavorecidos de ciudades de más de 20.000 habitantes.

Según la agencia Efe, el texto sale adelante con el voto en contra del Grupo Popular, después de que el PSOE anunciara que aceptaría sólo dos de las nueve enmiendas -una de ellas transaccionada- presentadas por el PP a este texto.

La diputada del PP Teresa Tortonda señala que "no es una ley, sino una declaración de intenciones, vacía de contenido y compromisos". Tras indicar que las actuaciones realizadas hasta el momento en estos barrios han sido "parcheos", detalla las enmiendas del PP, entre ellas una que especifica el urbanismo, la vivienda, la economía y el social como los ámbitos de actuación.

Por su parte, la parlamentaria socialista Rosa María Delgado rechaza la iniciativa alegando que se encuentran recogidos estos campos junto a otros, en los que la Junta ya trabaja.

Además, el PP solicita que la Administración regional establezca las directrices del plan de actuación integral, en lugar de los ayuntamientos, algo a lo que también se niegan los socialistas porque considerar que las entidades locales conocen mejor las peculiaridades de cada barrio.

Los populares también denuncia que se dote económicamente la ley, a lo que la diputada socialista aduce que los presupuestos regionales consignan, desde 2007, fondos para la actuación integral en barrios por más de un millón de euros.

Al no haber aceptados las enmiendas del PP, esta ley se quedará en "filosofía", opina Tortonda, quien asevera que esta norma viene a confirmar que en la región hay extremeños en situación de exclusión social y que las políticas aplicadas por el Gobierno socialista han sido "erróneas".

Para Delegado, esta ley persigue "que todas las ciudades sean agradables, cohesionadas, atractivas y que todos los extremeños, vivan en el barrio que vivan, vivan felices". En su opinión, da "base normativa" a las actuaciones que se están desarrollando desde hace tres años.