Como si de un partido de fútbol se tratase, un examen ha sido rearbitrado . Ha ocurrido en el instituto Ildefonso Serrano, de la localidad de Segura de León, donde una alumna de segundo de Bachillerato, que había aprobado todas las asignaturas menos una, reclamó el suspenso emitido por su profesor de Inglés. Pese a la ratificación del profesor y su departamento, la inspección educativa de la Delegación Provincial de Educación ha dado la razón a la estudiante, que ha aprobado así la asignatura y ha podido hacer la Selectividad. El caso ha provocado la indignación del profesor, Manuel García, y del sindicato ANPE, mientras la Junta recuerda que la alumna tiene derecho a reclamar que se vuelva a evaluar su examen.
Este aprobado llega "aún sabiendo que sus exámenes estaban suspensos desde principios de curso y que tanto su actitud (la de la alumna) hacia la asignatura como hacia el profesor han sido notoriamente negativas", denuncia Santiago Fernández, presidente de ANPE Extremadura, el sindicato que ha hecho público el caso. Además, la decisión "sienta un procedente" hacia las calificaciones emitidas por los docentes "de absoluta indefensión y dudando de la imparcialidad y profesionalidad de los mismos".
El profesor, por su parte, ha confirmado a EL PERIODICO que ha pedido explicaciones a Educación. "Quiero saber la razón del aprobado, cuando la alumna ha suspendido los exámenes y ha mantenido ante mí un tono totalmente improcedente durante gran parte del curso", argumenta. Manuel García, que dice no conocer los razonamientos de la autoridad educativa, ha remitido cartas a los más de 200 institutos de la región y a las escuelas de idiomas para que conozcan el caso de primera mano. En ellas, anexa toda la documentación sobre el caso.
Una vez que le han retirado la tarjeta roja al jugador (la alumna), el enfado de los árbitros educativos es monumental.
Los profesores afirman que la Junta "demuestra claramente que un simple aprobado que reduzca el altísimo porcentaje existente en Extremadura vale más que la dignidad de nuestros docentes ayudando a empeorar la ya maltrecha visión que nuestra sociedad tiene de la profesión".
Las críticas de ANPE apelan a la profesionalidad de los docentes. La Consejería de Educación, se queja Fernández, "ha mostrado un desprecio absoluto a la profesionalidad de un profesor y a todo un departamento, mostrando una falta de respeto total a la profesión y un ataque frontal a la dignidad del profesorado".
Abuso de autoridad
Tal es así que estima que esta actuación es un "abuso de autoridad" de administración, "que los representantes del profesorado no podemos ni debemos consentir". Además, consideran que esta decisión sienta un precedente que "se extenderá entre los alumnos y padres para reclamar en todas las asignaturas y conseguir el aprobado por encima del criterio del profesor".
Sin embargo, este sindicato advierte que, como es su costumbre, "ha venido luchando y seguirá haciéndolo para conseguir una legislación que ampare al profesorado", para que tenga la autoridad que le corresponde y "sea respetado por la administración educativa y la sociedad en general".
En este contexto, la Consejería de Educación defiende el proceso. El director general de Política Educativa, Felipe Gómez Valhondo, informó a este diario a través de la asesora de prensa de la consejería que en este caso, como en todos, se ha seguido escrupulosamente un procedimiento legal vigente desde 1995. Este proceso es el de volver a revisar un examen cuando el alumno y sus padres lo piden. Asegura que se trata de un caso habitual, nada excepcional, y entiende que el alumno tiene derecho a pedir la revisión del examen cuando crea que está mal calificado.
