El Consejo de Ministros aprobó ayer el reglamento que permite la aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria a las Entidades locales. La norma entrará en vigor el año próximo y tiene por objetivo mejorar la transparencia, el control y la estabilidad financiera de las corporaciones locales.

Entre las novedades que introduce la nueva normativa destaca el establecimiento de un objetivo individual de estabilidad para cada ayuntamiento y diputación. Además, se establece un mecanismo de supervisión y alerta que permitirá tomar medidas cuando se constate que una entidad local está en serio riesgo de incumplir su objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para los ayuntamientos de mayor tamaño, los de las ciudades de más de 75.000 habitantes o que sean capitales de provincia o de comunidad, se establecen criterios más estrictos para autorizar operaciones de endeudamiento y para aprobar los planes de reequilibrio. Con la nueva regulación, estas operaciones además de contar con la aprobación del pleno de la corporación, deberán ser autorizados por el Ministerio de Economía o la comunidad, tal y como marca la propia Ley de Estabilidad.

También se fijan mayores exigencias de transparencia y publicidad en las cuentas. En este sentido, se establece que con periodicidad anual el Ministerio de Economía facilitará información sobre los planes económicos y financieros aprobados por las corporaciones locales y sobre su deuda viva. Además se publicarán los nombres de aquellas entidades que falten a sus obligaciones de información sobre sus presupuestos y se dará la misma publicidad a los planes de reequilibrio de las entidades locales que a sus presupuestos.

La aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria corresponde de forma exclusiva al Ministerio de Economía y Hacienda en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia. Esta responsabilidad es compartida los gobiernos autonómicos en los casos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, La Rioja, Galicia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.