La organización de discapacitados psíquicos Aprosuba 2 de Almendralejo ha convocado una asamblea general extraordinaria para el próximo día 7 de octubre con el único punto del orden del día del cese de su actividad. El motivo, según el gerente de la organización, Juan José Meneses, son los graves problemas económicos a los que se tiene que enfrentar esta organización, que cuenta con una plantilla de 53 trabajadores y da servicio a 182 discapacitados de cerca de una veintena de municipios.

El principal problema al que se enfrenta Aprosuba 2 en estos momentos es la "legalidad del nuevo centro y el pago al constructor", apunta Meneses, que ha confirmado que la actividad se lleva ejerciendo en este centro desde principios de septiembre, aunque tienen el suministro eléctrico y de agua potable "de forma provisional".

El centro ha sido construido en una parcela municipal en la carretera de Fuente del Maestre, cedida por el ayuntamiento a Aprosuba 2 desde hace años, y financiado por Caja Madrid.

Sin embargo, el edificio se asienta sobre un suelo no urbano, por lo que es necesario recalificarlo por parte del consistorio para que compañía eléctrica le dé el enganche para que tengan luz y calefacción el edificio y, aunque llevan meses solicitando ese cambio al equipo de gobierno, "no hemos obtenido respuesta todavía", según aclara la presidenta, Pepa Carrasco.

RETRASOS El segundo gran problema es que las obras comenzaron en septiembre del 2006 y desde entonces han sufrido continuos retrasos. Además, fue presupuestado en menos de un millón de euros y finalmente ha costado "más del doble", por lo que a la empresa constructora se le adeuda una cantidad importante, que ésta reclama a Aprosuba 2, que no puede asumirla, por lo que amenazan con vallar la zona para paralizar la actividad en su interior.

La nueva presidenta, que fue elegida en junio, señala que, además de esos problemas económicos, está la "deuda histórica" que arrastra la asociación desde hace años, ya que con las subvenciones que otorga la Junta no se llega a más que el 70% de los gastos, ya que se pagan "cuotas precarias" para el personal contratado.

"No vamos a poder continuar así", advierte Carrasco.