Quince diputados, seis del PSOE, seis del PP, dos de Podemos y uno de Cs, conforman la Comisión de Investigación No Permanente sobre el Sector Público Empresarial Extremeño, constituida hoy en la Asamblea de Extremadura, tras denunciar el Grupo Popular "enchufismo" en Gisvesa.

En la sesión constitutiva de la comisión se ha elegido a la mesa del nuevo órgano, presidida por el popular Saturnino López Marroyo; con el socialista Celestino Vega como vicepresidente; y Obed Santos, de Podemos, como secretario.

La mesa ha sido elegida por asentimiento, aunque la diputada de Cs María Victoria Domínguez ha aclarado que no correspondía a una propuesta conjunta, como había señalado previamente la presidenta de la cámara, Blanca Martín.

Tras la constitución, el presidente ha propuesto celebrar el próximo lunes una reunión de la mesa y de los portavoces de los distintos grupos para establecer el método de trabajo y de funcionamiento de la comisión.

El diputado socialista Carlos Labrador ha destacado que la transparencia del sector público empresarial extremeño está garantizada desde que gobierna Guillermo Fernández Vara.

Labrador ha recordado que todas las encomiendas de gestión y los procedimientos de selección de personal que se han llevado a cabo en el sector público están recogidas en el Portal de Transparencia, "abierto a el que quiera conocer libremente la información".

Ha recalcado que "todo lo que se ha hecho en el sector empresarial extremeño es, será y ha sido transparente, no hay nada que ocultar y todo está ajustado a la ley", además de rechazar que la anunciada disolución de Gisvesa sea una "huida hacia adelante" del consejero, José María Vergeles, tras acordarse la constitución de la comisión de investigación.

En ese sentido, el parlamentario del Grupo Popular José Ángel Sánchez Juliá ha recordado que el 50 por ciento de los contratados en las encomiendas de gestión en esta empresa pública eran anteriores cargos socialistas, con "dudosos" procesos de selección, por lo que uno de los objetivos que el PP se plantea con esta comisión es conocer "exactamente" que ha ocurrido en Gisvesa a lo largo de esta legislatura.

Los populares también quieren conocer, según Sánchez Juliá, "si este 'modus operandi' se ha extendido por el resto del sector público empresarial" y si en las contrataciones se han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El diputado del PP ha indicado que, como su partido no tiene "nada que ocultar", han pedido que esta comisión de investigación abarque los diez últimos años para ver la evolución que han tenido este tipo de empresas, "si dar un servicio a los extremeños o servirse de ellas".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, ha indicado que "el dinero no se evapora, cambia de manos", por lo que "cuando se va a tapar agujeros de corrupción, falta luego para guarderías, para atención a la discapacidad o dependencia".

Ha recordado que el Tribunal de Cuentas señala, en su informe de los últimos cinco años, que en Gisvesa "ha habido muy mala gestión", que "se ha contratado personal sin ningún tipo de justificación", así como problemas de "opacidad" y de "falta de transparencia".

"Ahí han estado tanto el PP como el PSOE", ha precisado Jaén, para quien esa mala gestión, como señala el Tribunal de Cuentas, ha generado "un agujero" de casi 13 millones de euros, por lo que ha confiado en que ambas formaciones salgan "escaldadas" de esta comisión de investigación.

Finalmente, Victoria Domínguez ha reconocido que Cs "no espera mucho" de ella, porque ve que "el bipartidismo sigue poniéndose de acuerdo" para que ésta "pase sin pena ni gloria", aunque tratarán de aclarar las contrataciones en el sector público extremeño desde 2007.

Ha esperado, no obstante, que "los trabajos sean fluidos" y que PSOE y PP "no los obstruyan", como ha ocurrido con otras comisiones de investigación.