La Asamblea de Extremadura constituirá una comisión de investigación para determinar si existe un «boicot» en el servicio sanitario terrestre, según se desprende de la propuesta elevada por el Grupo Socialista y que el PP, según anunció ayer, apoyará en la Cámara legislativa. Podemos Extremadura pidió tiempo para estudiar la propuesta del PSOE, anunciada ayer por su portavoz, Valentín García, mientras que Ciudadanos aún no ha dado a conocer su parecer, recoge Efe.

Con independencia del criterio de estas dos últimas formaciones, los votos del PSOE y PP serían suficientes para que la Asamblea de Extremadura diera luz verde a la creación de la citada comisión. En rueda de prensa, García subrayó que tienen la «sensación» de que algunos directivos, familiares y trabajadores de la anterior adjudicataria, el Consorcio Extremeño de Ambulancias, «no han tenido el mejor comportamiento» en el proceso de traspaso del servicio a la mercantil Ambulancias Tenorio.

El portavoz socialista explicó que no se puede «jugar» con la salud de la población y que si las conclusiones de esa comisión apuntarán a un boicot, el PSOE daría traslado a la Fiscalía. Así, desgranó que ha habido mensajes por whatsapp para que se produjera ese supuesto «boicot» al servicio por algunos empleados, que 12 trabajadores de un sólo centro de trabajo han enfermado de forma simultánea y que «posiblemente» se han cortado de forma intencionada los cables de alguna ambulancia.

En este sentido, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, criticó a quienes «parece que quieren poner palos en las ruedas». Respecto a las bajas laborales de varios trabajadores que dicen estar «estresados» por trabajar hasta 14 horas diarias, Vergeles expuso que, tras pedir la información a la empresa para conocer los turnos laborales, se ha conocido que los trabajadores «tienen los mismos turnos que tenían con la empresa adjudicataria anterior». Asimismo, relató que la empresa avisó ayer de que una de las ambulancias había sufrido un problema eléctrico, pero la certificación del taller refleja que «se habían cortado cables». «El tiempo dará y quitará razones», añadió Vergeles, quien aseveró que tanto el Centro Coordinador como las rutas de los servicios están funcionando «correctamente».

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular anunció ayer que apoyará la comisión. No obstante, su portavoz, Cristina Teniente, advirtió que «si con esto se pretende responder a una crisis, no es la solución». «La vamos a apoyar, pues nunca hemos votado en contra a ninguna propuesta de creación de una comisión de investigación»,dijo. Asimismo, recordó que las «dudas sobre el contrato y la adjudicación» del servicio ya están en los tribunales.

Desde Podemos, Jara Romero dijo que su grupo tiene que estudiar el fin concreto de la comisión de investigación porque señala que la responsabilidad política del servicio es del Gobierno reginal.

Desde el Sindicato Independiente de Trabajadores de Ambulancias de Extremadura en Defensa del Sector, su secretario general, Antonio Castillo, valoró la creación de la comisión, pero cree que se trata de «un proceso demasiado lento para la gravedad y de lo que esta sucediendo» e insta a Vergeles a «tomar medidas urgentes para que la nueva empresa cumpla con las condiciones del contrato». «Somos los primeros interesados en que se conozca la verdad», dijo.