La Asamblea de Extremadura ha aprobado hoy por unanimidad dos propuestas de apoyo al sector regional del cava frente a posibles limitaciones a las plantaciones y, con la oposición del PSOE, ha instado además al Ejecutivo regional a exigir a Ambulancias Tenorio S.L. que cumpla con el contrato del transporte sanitario.
El fondo de las dos iniciativas sobre el cava, del PSOE y del PP, es el mismo, ya que están en contra de las pretensiones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de limitar las plantaciones durante los años 2018, 2019 y 2020.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente debía adoptar una decisión mañana, 15 de diciembre, pero la ha pospuesto al próximo mes de enero.
La del PP, debatida primero, ha sido una propuesta de impulso para instar al Ejecutivo extremeño a que negocie con el central una posición común de rechazo a la petición del Consejo Regulador.
La socialista era una propuesta de pronunciamiento dirigida al Gobierno de España para que exprese su rechazo a esa solicitud.
Todo el arco parlamentario ha coincidido en que una limitación podría perjudicar el crecimiento sostenido que está teniendo el sector en Extremadura, que podría cerrar el año con más de 6 millones de botellas en el mercado.
El PSOE, Podemos y Ciudadanos han considerado que la decisión se ha convertido en "política" al dejarla para después de las elecciones catalanas, y han advertido de la visita presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la bodega de Freixenet.
Tres puntos del orden del día del Pleno de la Asamblea ha sido objeto de votación, ya que una cuarta propuesta de Podemos sobre violencia machista ha decaído.
El otro ha sido una propuesta de impulso del PP que insta a la Junta a que exija a Ambulancias Tenorio S.L. el cumplimiento íntegro de las obligaciones del contrato del transporte sanitario para el período 2017-2021 tras las numerosas deficiencias denunciadas.
La iniciativa, que ha sido respaldada por Podemos y Cs -el PSOE ha votado en contra-, también le reclama un apoyo a los trabajadores que llevan a cabo el servicio y que ejerza sus obligaciones de control del correcto cumplimiento de la prestación del servicio.
A juicio del PP, la adjudicación se ha debido a criterios economicistas y no a técnicos, lo que ha supuesto "poner en peligro" la buena prestación del servicio a los pacientes y los derechos de los trabajadores, ya que hay muchas "carencias e irregularidades".
Para el PSOE, la propuesta es "oportunista" y su fin es desprestigiar a la Junta y al sistema sanitario publico en beneficio del privado.
La sesión la ha abierto la comparecencia a petición propia de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, para informar sobre la campaña de peligro alto de lucha contra los incendios forestales de 2017.
Este año se han registrado 607 incendios, en los que han ardido 5.410 hectáreas, 631 menos que en 2016, aunque la campaña no ha sido fácil pues se han vivido "fuertes y dramáticos incendios en zonas limítrofes", según la consejera, que han obligado a los efectivos del Plan Infoex a desplazarse a Portugal, Castilla y León o Andalucía.
En su intervención, ha destacado la necesidad de desarrollar una nueva política forestal para luchar contra los incendios forestales ante la situación de cambio climático, un reto en el que debe implicarse, ha dicho, toda la sociedad.
En el turno de preguntas al Gobierno, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha calificado como "pago de favores" el incremento de un 7,8 % de la partida presupuestaria destinada a UGT y CCOO, que supone 102.000 euros más que en el anterior ejercicio.
Sin embargo, la vicepresidenta, Pilar Blanco-Morales, ha justificado estas partidas en el papel que la Constitución confiere a los agentes sociales y, además, ha negado, como ha planteado el PP, que haya una subida de sueldos para los altos cargos.
