La ley de dependencia pone a disposición de los usuarios un amplio catálogo de servicios. A cada usuario se le asignan los que mejor se adaptan a sus necesidades en el Plan Individualizado de Atención (PIA), un estudio que elabora la Junta una vez valorado el grado de dependencia del solicitante. La Administración puede conceder una cuantía para el cuidado del dependiente por parte de un familiar (en el 25% de los casos) o asignarle un servicio, bien directamente o a través de una ayuda para que la familia lo contrate por su cuenta. Esta última es la opción mayoritaria y es la que reciben el 39% de los usuarios. A un 16% se le ha asignado una plaza en una residencia y a un 6,4% en centros de día o de noche. Otro 6,3% recibe teleasistencia, un 3,9% ayuda a la promoción personal y un 2,7% ayuda a domicilio.
