La Audiencia Nacional absuelve a los 18 imputados por el conocido como fraude del lino. El proceso se inició hace seis años, y hoy la Justicia comunica que no observa ningún tipo de "actuación delictiva" ni ha quedado acreditada la existencia de acuerdos entre productores y transformadores de lino para tratar de percibir subvenciones de la Unión Europea de forma fraudulenta. Según informa la agencia Europa Press, en marzo de 2001, las autoridades españolas se hicieron eco de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que alertaba de una supuesta percepción irregular de las ayudas comunitarias para la transformación del lino. Dieciocho personas se encontraban procesadas en relación a estas investigaciones. A los acusados se les imputaban delitos de fraude de falsedad continuada en documento mercantil u oficial y estafa por la obtención indebida de fondos comunitarios. Sin embargo, la Audiencia Nacional no "observa el menor dato que permita deducir algún tipo de actuación delictiva", tal y como se asegura en el auto del tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal presidido por Fernando Bermúdez. Entre los imputados figuraban agricultores y empresarios. Ahora, y con la sentencia en la mano, quedan libres de cargos, aunque la resolución ordena al "juzgado competente" que depure responsabilidades del principal procesado, el ex subsecretario de Agricultura y ex presidente del fondo Español de Garantía Agraria Nicolás López de Coca Fernández Valencia. La investigación le acusaba de un presunto delito de tráfico de influencias, pero no encontró "conexión delictiva con respecto a los demás acusados". "No han quedado, en absoluto, acreditados en la larga investigación" la existencia de acuerdos entre productores y transformadoras de lino para optar a subvenciones europeas, según la resolución judicial. La sentencia considera probado de que en la campaña 1997/98 "hubo una gran cantidad de agricultores que decidieron cambiar sus tradicionales cultivos de cereales" para "convertirse en transformadoras de la varilla de lino". Las acusaciones, en cambio, entendían que se estaba produciendo un "ilícito enriquecimiento patrimonial" mediante la falsificación de datos o la recepción de ayudas para tierras yermas. La acusación pedía penas de entre 7 meses y 3 años de prisión y multas que oscilaban entre los 6.000 y los 191.000 euros. El dictamen explica que el posible fraude no se puede determinar, puesto que las administraciones autonómicas "no llevaron a cabo el control de la cosecha" y se limitaron a las declaraciones de siembra por parte del agricultor y un control aleatorio sobre campos de cultivo. Reacciones de la Junta La Junta de Extremadura muestra su satisfacción tras conocer la sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que se absuelve a los 18 agricultores y empresarios imputados por el denominado caso del lino. Para la Administración regional, esta sentencia "ratifica que en Extremadura siempre se ha cumplido con la normativa vigente en relación al cobro de este tipo de ayudas", según informa en nota de prensa. Además, esta postura, la del cumplimiento de la legalidad, es la que siempre se ha defendido en Extremadura durante todo el proceso, que es la ausencia de fraude en el cobro de ayudas del lino en la región.
