La Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado el auto de prisión provisional sobre los dirigentes de UPA-UCE Extremadura al entender que los motivos elevados para acordar dicha resolución se mantienen. De esta forma, la Sección Tercera de la Audiencia de Badajoz ha resuelto el recurso planteado por la organización agraria contra el auto de prisión provisional dictada para los miembros de UPA-UCE, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, que permanecen internos en un centro penitenciario de Badajoz desde hace más de un mes, desde el pasado 5 de noviembre.
La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida, Ana Belén Fernández, dictó el pasado 5 de noviembre prisión para el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, y para el secretario de Organización, Maximiano Alcón, tras tomarles declaración en la investigación que se lleva a cabo por supuesto fraude y falsificación de documentos y blanqueo.
Los otros cinco detenidos en la llamada Operación Tellus quedaron en libertad sin fianza y con cargos. Desde entonces UPA-UCE ha exigido la «liberación inmediata» de sus dos responsables y ha pedido a la jueza que reflexione sobre la «lógica y la conveniencia» de una medida que han tildado de «desproporcionada», según recoge la Agencia Efe.
Según la Guardia Civil, las pesquisas apuntan que a través de «un sofisticado entramado financiero», UPA-UCE Extremadura desvió fondos de 5.500 subvenciones de la Unión Europea y la Junta para financiarse ilegalmente entre 2013 y 2015. Las ayudas estaban destinadas al asesoramiento agrario, un servicio que para la Benemérita «no llegaba a darse o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones». El instituto armado cifra el presunto fraude en 1,8 millones de euros y señala además que parte del dinero fue a otras empresas «con fines privados» y a la matriz nacional de UPA. La investigación comenzó hace 10 meses, a raíz de la denuncia de un agricultor de la comarca de Campo Arañuelo que en una inspección rutinaria de la Administración no pudo acreditar el cumplimiento de las condiciones para recibir la ayuda: se le pidió que devolviera el dinero y denunció a la organización agraria.
«INJUSTIFICADA Y DESMESURADA»/ La organización agraria, por su parte, sigue asegurando que no cree que haya ningún delito en la gestión de las ayudas al asesoramiento a explotaciones, ya que las subvenciones se recibieron en tiempo y forma y los trabajos se hicieron y se presentaron ante la Junta de Extremadura. La Administración regional está elaborando una auditoría complementaria sobre estas ayudas.
Tras conocerse la desestimación del recurso por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz, UPA-UCE publicó un comunicado en el que critica la decisión judicial y la considera «injustificada». Asegura que es una medida «absolutamente excepcional bajo el insostenible argumento» de la capacidad de influencia de ambos dirigentes sobre los administrativos y trabajadores de UPA, así como el estado incipiente de la investigación.
La organización agraria entiende que son argumentos «insostenibles», ya que la asociación sigue desarrollando su actividad de forma ordinaria y no está exenta de dirección, asumida por otros responsables de la organización. Además, califica de «hiriente» el argumento del incipiente estado de la investigación tras diez meses de diligencias llevadas a cabo bajo secreto y la práctica de los registros realizados en diversas sedes de UPA-UCE. La asociación asegura que se siente indignada, además, por el «abuso de filtraciones de las actuaciones, diligencias y autos judiciales».
