Continúa el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en la Institución Ferial de Extremadura (Feval). Israel Garrido, auditor interno y «segundo de abordo» del departamento de Administración, aseguró ayer ante el tribunal que las cuentas «se manipulaban» por orden del administrador general, Juan Cerrato, de quien recibía instrucciones directas para eliminar apuntes contables de algunos ingresos y generar otros de «gastos falsos» con el fin de que la contabilidad cuadrase a final de cada año. «Era una mecánica habitual», dijo Garrido, que declaró en calidad de testigo en la segunda sesión de la vista que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida.

Tras el interrogatorio a José Luis Viñuela y Juan Cerrato el lunes (eran director general y administrador), ayer fue el turno de José Villa (exsubdirector) y los primeros ocho testigos de la veintena que están llamados a declarar en la causa, la mayor por corrupción hasta la fecha en Extremadura. Una doble contabilidad con un desfase de casi 182.000 euros entre los años 2005 y 2009; el fraccionamiento de contratos para su adjudicación a dedo o el uso de los trabajadores y recursos de Feval en beneficio propio son algunos de los hechos que se atribuyen a Viñuela, Cerrato y Villa. La Fiscalía imputa a los tres excdirectivos socialistas delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y falsedad de documentos, por los que solicita penas de 21,5, 11,5 y 9,5 años de prisión.

Garrido fue el primero de los ocho testigos en someterse ayer a las preguntas del tribunal. Tras asegurar que las cuentas de Feval «estaban manipuladas», reconoció la existencia de una hoja Excel extracontable donde se iban anotando todos los movimientos de efectivo. Un documento que según dijo, Cerrato conocía perfectamente (el acusado lo negó el lunes) al igual que todos los miembros del departamento de Administración. Detalló que él mismo, siguiendo instrucciones verbales o incluso por escrito de Cerrato, al final de cada ejercicio eliminaba apuntes (generalmente ingresos de cafetería, máquinas de tabaco o bodas, que llegaban en efectivo) y generaba «gastos falsos» con cargo a comités organizadores que no se producían (comidas asociadas al funcionamiento de las ferias) para que las cantidades anotadas «se acercaran más» al dinero que se guardaba en las cajas de caudales.

«CANTIDADES GORDAS» / El auditor también declaró que en el despacho de Cerrato «había una caja que nadie sabía el dinero que tenía», porque «las cantidades gordas se las daban a Juan y él decía lo que se ingresaba en el banco». Dijo que cuando él llegó a Feval las cuentas ya estaban descuadradas (algo que Cerrato le justificó en los «adelantos» que se habían dado a Viñuela, de unos 20.000 euros, y otros trabajadores) y que esta forma de actuar se repitió todos los años hasta el 2009. En ese ejercicio, y ante la inminente creación de dos sociedades mercantiles adscritas a Feval, Cerrato habría dado órdenes a Garrido para eliminar partidas por importe total de 38.000 euros para que la contabilidad quedara «definitivamente cuadrada».

Garrido aseguró que nunca denunció estas irregularidades por miedo a perder su puesto de trabajo. Finalmente fue despedido en 2011 junto a otro técnico de administración (ambos fueron readmitidos después tras el cese de Viñuela, Villa y Cerrato) por negarse a firmar un saldo de arqueo de caja bajo las «presiones» de Cerrato. Cuando fueron a pedir explicaciones a Viñuela, «nos dijo que nos estuviéramos calladitos, que éramos muy jóvenes y a él le quedaba un año para jubilarse». Ese otro trabajador también compareció ayer como testigo. Corroboró la existencia de las irregularidades contables y la eliminación de asientos desde al menos 1998.

También pasaron por el juicio los operarios de mantenimiento de Feval. Entre ellos el jardinero y el peón que supuestamente era el chófer de Viñuela. El primero sí aseguró haber realizado trabajos de poda durante su horario laboral y sin más contraprestación que su nómina de Feval en el chalé que José Villa y José Luis Viñuela poseen en el embalse de Orellana la Vieja. El segundo negó que fuera el chófer de Viñuela «porque en Feval nunca ha habido chófer», pero sí reconoció que «puntualmente» le trasladaba a Cáceres, Almendralejo, Badajoz o Monfragüe y que cobraba kilometraje por ello. Este trabajador, que fue despedido tras el cambio de dirección en 2011, tuvo que ser después readmitido por sentencia judicial.

Entre los testigos citados ayer también se encontraba Enrique Barrasa, el cargo del Gobierno del PP que asumió la dirección de Feval tras la marcha de Viñuela. Según dijo, en su periodo al frente de la institución (entre septiembre del 2011 y marzo de 2012), encargó a Deloitte una auditoría después de que en otro informe anterior, la consultora ya advirtiera como salvedad que podía haber alteraciones contables en Feval. A preguntas de los abogados, Barrasa declaró que «carecía de sentido» la creación de dos sociedades mercantiles vinculadas a Feval, sociedades que a su juicio «parecía que era una fórmula de evitar el control interno».

Barrasa también comprobó que los servicios de limpieza y montaje de ferias que prestaban Clece y Gamma XXI dependían «de una relación mercantil histórica» y no un contrato, de forma que se procedió a sacar a concurso estos servicios de acuerdo a la ley. Por último, se refirió las obras de arte adquiridas por Feval, unos cuadros que estaban «almacenados y sin inventariar» en un trastero a pesar de que su valor superaba los 300.000 euros.