Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ordena a la Junta a paralizar las oposiciones de personal laboral de la Administración general convocadas en 2013, con 306 plazas. Esta es la segunda resolución en los mismos términos. La primera llegó el pasado 23 de septiembre tras una denuncia del sindicato CCOO, a la que también se sumó CSI-F, reclamando al Gobierno regional que convocara el turno de ascenso del personal laboral antes de sacar a oposición las 306 plazas por el turno libre (en la misma convocatoria se ofertan 270 plazas de personal funcionario a las que no afecta este proceso).

Tras la sentencia del TSJEx, la Consejería de Hacienda y Administración Pública presentó un recurso de casación ante el Supremo, que aún está pendiente de resolución. Mientras se materializa, CCOO solicitó hace varias semanas la ejecución provisional del fallo anterior, que ahora ratifica el TJSEx con este último auto, dictado el pasado jueves, en el que da a la Administración un plazo de un mes para cumplir lo dispuesto, es decir, para paralizar el proceso.

Tras recibir esta última resolución, la consejería destaca que no es firme y que los servicios jurídicos están analizando su contenido, sobre el que aún hay posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el tribunal extremeño. Así, el proceso continúa su curso, y tras la publicación ayer de la composición de los tribunales de evaluación elegidos por sorteo, hoy saldrán las listas de admitidos y excluidos de entre los más de 80.000 solicitantes que se inscribieron para optar a las plazas de personal laboral. Incluyendo los 207 puestos de funcionario, la Junta recibió más de 140.000 solicitudes para esta convocatoria que aglutina las ofertas de empleo público de los años 2010 y 2011. Los exámenes están previstos, de momento, para junio.

RESPONSABILIDAD Por su parte, el responsable del Sector Autonómico de CCOO, Guillermo Barroso, apela a la responsabilidad y al diálogo y asegura que se han visto a obligados a solicitar el auto ante la falta de actuación del Gobierno regional. "No queremos que se paralice el proceso pero sí cumplir con la ley, que está por encima de ningún pacto (la convocatoria fue acordada por la Administración, CCOO, UGT y CSIF). Los opositores tienen que tener seguridad jurídica", añade.

El sindicato recuerda que el convenio colectivo establece que cuando hay plazas vacantes en la Administración primero hay que cubrirlas mediante concurso de traslados entre el personal fijo, en segundo lugar hay que sacar una convocatoria por turno de ascenso y, finalmente, ofertar las vacantes al resto de personas ajenas a la Administración por el turno libre.