La Junta autorizó ayer la convocatoria de ayudas de la PAC por un valor de 559.793.873 euros. El Consejo de Gobierno dio luz verde a las subvenciones del régimen de pago básico, así como de otros pagos directos a la agricultura en el marco de la PAC y de los pagos derivados de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural (PDR).

En una rueda de prensa posterior, la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, y la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, afirmaron que estas medidas suponen una modernización y mejora en la financiación del sector agrario.

En concreto, más de 522 millones de euros del montante están destinados para las ayudas al pago básico y asociado, mientras que 73.042 euros son para la ayuda nacional de los frutos de cascara. Respecto a las ayudas agroambientales, el Gobierno extremeño ha destinado 21.525.000 de euros y el resto están dedicados para la nueva incorporación a la agricultura ecológica (1.405.000 euros) y el mantenimiento de los compromisos de la agricultura ecológica (3.400.000 euros).

La Junta ha aprobado también las indemnizaciones compensatorias para las zonas de montaña o con limitaciones por un valor de 16 millones de euros. El objetivo de la orden de convocatoria es regular la forma y el modo de presentación de la Solicitud Única. Esta nueva normativa introduce numerosas novedades sobre la anterior campaña, con las que se pretende profundizar en la aplicación los principios de “celeridad y de transparencia”.

Por una parte, se trata de extender las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos por medios telemáticos, adoptando medidas de buena administración, lo que implica «simplificar trámites que permitan suprimir trabas, cargas y fases redundantes e innecesarias».

La orden elimina la obligación para las personas solicitantes de aportar documentación en ayudas agroambientales y para zonas con limitaciones naturales, añadiendo la reducción de la documentación para el resto de declaraciones y ayudas. También se unifican las solicitudes para la calificación de explotación agraria prioritaria y para la comprobación de la condición de agricultor a título principal, fusionándose varios formularios. El objetivo es el logro de la uniformidad en la incorporación de datos en los registros dependientes de la consejería e incrementando así la eficiencia en la gestión.