Gastos de hipoteca, deudas de alquiler, un recibo inesperado o simplemente la necesidad de vestido, calzado y aseo. La Junta de Extremadura va a poner próximamente a disposición de las familias en situación de necesidad unas ayudas extraordinarias de entre 500 y 2.000 euros para hacer frente a gastos imprevistos, inaplazables y previsiblemente irrepetibles que no se pueden cubrir en la red básica de servicios sociales. Estas ayudas, denominadas de apoyo social para contingencias, se convocaron por primera vez en el año 2014, pero tras la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias Contra la Exclusión Social, el Ejecutivo autonómico está trabajando en una nueva regulación que permita «hacerlas efectivas».

Los gastos de mudanza a una vivienda de alquiler tras un desahucio; la sustitución de un viejo electrodoméstico; el pago de recibos atrasados o los gastos de asistencia sanitaria no cubiertos por el sistema público son algunas de las situaciones a las que las familias beneficiarias pueden hacer frente con estas ayudas. En la última convocatoria, que salió en el año 2015, se recibieron 5.776 solicitudes en 20 días, pero finalmente apenas se gastó el 20% del presupuesto que se había destinado a este fin: 159.000 euros de 800.000. En la mayoría de los casos, se utilizó para el pago de deudas de hipoteca o alquiler y gastos sanitarios, especialmente tratamientos dentales.

Según confirma la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, la principal novedad que se introduce ahora con el nuevo decreto es el incremento en la cuantía de las ayudas, que pasan de 600 a 1.500 euros para gastos en equipamientos básicos; de 500 a 1.500 euros para asistencia sanitaria y de 1.200 a 2.000 para gastos de hipoteca o alquiler. En relación a estos últimos, el Ejecutivo detalla que las ayudas servirán también para abonar estos conceptos aunque no se tengan deudas, y si se tienen, se podrán pagar recibos con hasta un año de retraso, frente a los seis meses que se recogían en la anterior normativa.

Si la familia necesita ayudas para varios tipos de gasto, el máximo a conceder no podrá exceder de los 2.500 euros, frente a los 1.500 de antes. Una cuantía que además será compatible con otras prestaciones concedidas por entidades públicas o privadas, siempre que sirva para complementar la financiación de un gasto no cubierto por estas.

AYUNTAMIENTOS / Para ofrecer una respuesta lo más rápida posible y como servicio más próximo al ciudadano, las ayudas se tramitarán a través de los servicios sociales municipales con un plazo máximo de resolución de dos meses.

Para beneficiarse, además del informe social que acredite la situación de necesidad, la Junta establece un límite máximo de ingresos, fijado en el 80% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), frente al 75% anterior. Así, el tope será de 501 euros para familias de un miembro y de 651 euros para hogares con cuatro personas, hasta 1.052 euros para 12 miembros.

También como novedad, si se solicita la ayuda para gastos de asistencia sanitaria o para atender «una carencia crítica excepcional» cuyo gasto supere la mitad de los ingresos de la unidad familiar, los límites anteriormente citados suben un 25%.

De otra parte, se amplían las exclusiones de cómputo de determinados ingresos que pueda haber en la unidad de convivencia, tales como las prestaciones por dependencia, la ayuda familiar por hijo a cargo, menor y mayor de 18 años, y otras como las becas y ayudas de estudio, para transporte o comedor escolar y por nacimiento de un hijo o adopción.

Para solicitar estas ayudas, no obstante, será necesario esperar a que salga la nueva convocatoria, algo para lo que la Junta no aporta fechas porque primero deberá aprobarse el decreto que las regula. Teniendo en cuenta que se trata de un reglamento, es necesario que se someta a información pública (está ahora en trámite) y que se recaben varios informes y dictámenes de otros órganos.

Cabe destacar que las ayudas de apoyo social para contingencias tienen reservada una partida de 604.000 euros en los presupestos de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para 2017.