Algo más de cuatrocientas extremeñas han percibido desde el 2008 las ayudas destinadas a facilitar la independencia de mujeres víctimas de violencia de género con escasos recursos económicos, tanto en su convocatoria estatal como autonómica.
Conforme a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales extremeña, la mayor parte de ellas, 329, han obtenido las ayudas nacionales, que en conjunto han sumado un montante superior a los 2,1 millones de euros, lo que supone un importe medio de aproximadamente 6.500 euros. El número de beneficiarias ha seguido una tendencia al alza en estos ocho años aunque moviéndose siempre en cifras poco elevadas. Así, se ha pasado de las 8 perceptoras a las que se abonó en el 2008 a las 69 del año pasado. El objetivo de estas ayudas es apoyar a víctimas de violencia machista que carezcan de recursos económicos y con especiales dificultades para encontrar un empleo, facilitando así que puedan independizarse de su agresor.
REQUISITOS Entre los requisitos que se exigen para recibirlas está el de tener vigente el título de acreditación de la situación de violencia de género (orden de protección, sentencia condenatoria del agresor en la que se establezcan medidas de protección de la mujer o, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal) y el que las rentas en cómputo mensual no superen el 75% del salario mínimo interprofesional. La cuantía de las ayudas oscila --con cifras del 2014-- entre los 2.556 euros y los 10.224, dependiendo de si la solicitante tiene o no responsabilidades familiares o grado de minusvalía reconocido.
En el caso de las ayudas autonómicas solo ha habido hasta ahora una convocatoria, la del 2014, ya que el año pasado no se realizó, explican desde la consejería, "porque aún no estaba resuelta la del 2014". Este año sí que se retomarán las ayudas --lo hará el Instituto de la Mujer de Extremadura-- con un montante global presupuestado de 500.000 euros.
El total de beneficiarias en el 2014 fue de 72, de ellas 37 en la provincia de Cáceres y 35 en la de Badajoz. 20 no contaban con descendencia, 28 tenía un hijo, 19 dos y las cinco restantes tres. El dinero total concedido rozó los 350.000 euros --una media de más de 4.800 euros--. El fin de estas ayudas es similar al de las estatales: facilitar la independencia del agresor de aquellas víctimas en situación de vulnerabilidad económica. El tope de ingresos mensuales no puede superar el 100% del IPREM en doce mensualidades, mientras que la cuantía total de la ayuda es de 4.050 euros, que se incrementará en otros 720 por cada hijo a cargo menor de 25 años.
María José Ladera, secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Salud Laboral de UGT Extremadura, considera que la cifra de beneficiarias de estas ayudas "es ínfima en ambas convocatorias", sobre todo si se contrapone a otra, la de los "1.494 casos de violencia de género activos en estos momentos en Extremadura mujeres con órdenes de protección o medidas cautelares". De esta forma, si se toma como referencia el dato de las beneficiarias de la convocatoria estatal en el último año, no se llegaría ni siquiera al 5% de las mujeres en esta situación.
Una de las causas a las que desde UGT se atribuye este bajo número de perceptoras es la de que los requisitos para "el acceso a estas ayudas son muy estrictos" a la hora de fijar el umbral máximo de renta, lo que dejaría fuera a muchas potenciales solicitantes. "Con el 75% del Salario Mínimo Interprofesional máximo de las estatales estaríamos hablando de en torno a 426 euros, y el 100% del IPREM tope de las autonómicas serían 536 euros", apunta. "Mientras no consigamos que se establezcan medidas accesibles a las mujeres víctimas de violencia no podremos conseguir nada", incide esta responsable sindical, para quien también "habría que hacer un esfuerzo importante por aumentar las cuantías" que se conceden.
Otro factor a tener en cuenta, añade, es "la falta de formación en los servicios públicos de empleo" en esta materia. En este sentido, apunta que la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia de género suelen acudir a ellos, pero que ese desconocimiento de las ayudas hace que a menudo, "cuando llegan, se les oriente hacia el cobro de la Renta Activa de Inserción y no las canalicen hacia las ayudas específicas que hay hacia el colectivo de víctimas", sostiene. "Es importantísima la formación de las personas que están en primera línea cuando las mujeres van a pedir información", apostilla.
