Los ayuntamientos de las tres principales ciudades de la región, Badajoz, Cáceres y Mérida, han iniciado un camino conjunto que pretende dar un giro importante al transporte urbano en Extremadura. En cada una de ellas se van a instalar unas estaciones o bases en las que los usuarios podrán, por un módico precio, alquilar una bicicleta para trasladarse con libertad de un lugar a otro. Aún no hay fecha para su puesta en marcha, pero se espera para este verano.

Se trata de un programa experimental, que pretende ampliarse a otras localidades de la región como Don Benito, Villanueva de la Serena o Almendralejo --en Plasencia fracasó un servicio similar hace poco tiempo-- que pretende ser un acicate para fomentar el uso de la bici como transporte habitual en las ciudades extremeñas. Con este fin, los tres ayuntamientos han llegado a un acuerdo con la Junta, que aportará 400.000 euros, cofinanciados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, con los que se comprarán 325 unidades, de las cuáles 175 circularán por las calles de Badajoz, 100 en Cáceres y 50 en Mérida.

Su gestión, así como los lugares en los que se instalarán las bases desde las que se retiran y devuelven las bicis --ocho en Badajoz, seis en Cáceres y tres en Mérida, en principio--, correrá por cuenta de los ayuntamientos, quienes tendrán en cuenta los criterios de seguridad y accesibilidad de los usuarios.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente para reducir el consumo de combustibles fósiles y reducir las emisiones de gases contaminantes para procurar un modelo de ciudad más sostenible. Su titular, José Luis Navarro, apuntó que esta iniciativa pretende cambiar los hábitos de movilidad urbana, con el fin último de reducir el uso del coche.

El programa no se limita a la instalación de las estaciones y de las bicicletas, sobre las que aún no se ha decidido el sistema en que podrán ser utilizadas --abonos, ticket individual, los dos u otros--, sino que implica directamente a los ayuntamientos en un replanteamiento en la organización del tráfico. Así, se harán algunas modificaciones en las vías, como la ampliación de los tramos de carril bici, ya contempladas en los planes urbanos de las ciudades, pero también en las ordenanzas municipales para adaptarse a este nuevo servicio público. A modo de ejemplo, el alcalde de Mérida, Angel Calle, comentó que será necesario hacer cambios para permitir la circulación por el Puente Romano, ya que hasta ahora está prohibido, aunque su uso por ciclistas es muy habitual. Sin embargo, al tratarse de un servicio público, en caso de que un usuario tuviera un accidente o atropellara a un peatón, el ayuntamiento podría ser sancionado como responsable civil subsidiario.

Estas bicis, como el resto, podrán ser utilizadas por todo tipo de vías, aunque siempre deberán respetar la señalización que será necesaria instalar, especialmente en vías peatonales y semipeatonales, en las que solo se permite la entrada con un coche a los residentes y propietarios de los garajes. Estas señales habilitarán a los ciclistas a circular por ellas, e incluso se indicará la velocidad a la que podrán circular. Otro de los asuntos que tendrán que determinar las ordenanzas será la obligación o no de usar casco, puesto que actualmente solo es obligatorio en el caso de las vías interurbanas.