Un informe elaborado por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) sobre el precio del agua en la región, pone de manifiesto que "es un bien público que se paga a precio privado", a pesar de que la Ley de Aguas dice que lo deben gestionar las entidades locales para dejarlo a salvo de la especulación del mercado, según dijo en Badajoz el secretario general de la UCE, Javier Rubio, en la presentación del estudio de la revista Consumidorex , en el que se desvela que Badajoz es la ciudad con el agua más cara, a 0,86 euros el metro cúbico en consumo medio, y la que menos, el pueblo pacense de Trasierra, a 0,06.

Rubio manifestó que "la tendencia de los últimos años de dejar el abastecimiento, mediante concesiones, en manos de la gestión privada, ha hecho que aparezcan notables diferencias en el acceso al agua, que se hacen especialmente notorias en las tarifas que soportan los consumidores extremeños".

CUOTA FIJA Y TARIFA PROGRESIVA

El informe, elaborado por Juan Manuel García, analiza los precios del agua en 45 municipios de la región sobre un consumo medio de 27 metros cúbicos en una familia de cuatro miembros, aplicando cuotas fijas y tarifas progresivas.

Así, el coste medio del agua en Extremadura es de 12,20 euros (12,70 en la provincia de Badajoz y 11,51 en la de Cáceres), pagando en la capital pacense por es volumen de agua 23,30 euros, mientras que Trasierra paga sólo 1,71; esto supone una diferencia de 21,58 euros (3.591 pesetas), con lo que una familia pacense podría pagar, si viviera en esta pequeña localidad, 14 meses de servicio "y aún le sobraría 1 euro".

Las diferencias no están sólo en las tasas. Un factor que influye decisivamente es el periodo de facturación, de forma que cuanto más largo es, más se paga, debido a la aplicación del sistema de consumo progresivo. De los 45 municipios estudiados, sólo uno factura mensualmente; 17 cada dos meses, 24 cada tres, 1 cada cuatro y 2 cada seis.

Otra crítica que se desprende del informe de la UCE es que aún hay municipios que tienen tarifa única, con lo que no se incentiva el ahorro ni se penaliza el derroche.

Para la UCE, esta situación, "además de injusta, roza la discriminación en el acceso a un bien de primera necesidad y propiedad de todos los ciudadanos". Por ello apuesta por "la uniformidad en los periodos de facturación, a ser posible mensual o bimensual, y de las tarifas progresivas que incentiven el ahorro".

Por otro lado, el estudio repara también en la mala calidad del servicio por el elevado número de cortes, debido a que la red tienen en muchos municipios más de 50 años, cuando se hicieron para 30. Además, aún hay tuberías metálicas que se oxidan, o de fibrocementeo, ya en desuso en otros lugares porque no admiten reparación.

Con todos estos datos, García concluye que "la tendencia de los últimos años es el paso de la gestión del agua de manos públicas a privadas y que el precio sea cada vez mayor".