Se han reabierto las urgencias rurales, ha vuelto el transporte escolar gratuito para los alumnos del instituto y se han reducido de 16 a 10 el número de domingos y festivos que las tiendas pueden abrir argumentando que no está demostrado que esa ampliación genere empleo. Las tres son medidas que impuso el Gobierno de Monago y que desparecieron cuando el PSOE volvió a la Junta tras cuatro años en la oposición. Los socialistas han pretendido apostar por la vertiente social. De hecho, leyes como la de la vivienda (que evitaría en casos extremos el desahucio de una familia y multa a bancos y promotoras que tengan casas habitables vacías) o la de exclusión (recurrida por el Gobierno por considerar, entre otros, que dar cobertura sanitaria a sin papeles es una intromisión en las competencias del Estado) las presentan como las grandes bazas.
Han pasado dos años desde que Guillermo Fernández Vara ganara las elecciones y el PSOE volviera al poder gracias a la abstención de Podemos y toca hacer balance.
Lo más urgente continua siendo paliar las consecuencias del mercado laboral. Extremadura sigue teniendo una profunda herida: el récord nacional de paro, con una cifra del 29% (145.200 personas), a pesar de los planes de empleo que, de momento, no calman la sangría. Una realidad muy criticada por los partidos de la oposición, sobre todo por el PP, aunque habría que recordar que durante su legislatura el dato de llegó hasta el 34%.
A esta complicada situación hay que añadir un problema que se acrecienta mes a mes: la despoblación. Uno de los factores es la marcha constante de jóvenes -y cada vez más familias- a otra región u otro país en busca de la oportunidad que Extremadura no le ofrece.
ECONOMÍA VERDE / En el terreno de las infraestructuras y nuevos proyectos poco o nada se ha avanzado. «No ha habido grandes anuncios», reconoce el propio Vara. El único plan que ha presentado como bomba ha sido la economía verde, o lo que es lo mismo, una iniciativa con buenas intenciones que pretende combinar empleo, reciclaje y respeto al medio ambiente para convertir a la región «en referente mundial». De momento el proyecto se ha explicado públicamente dos veces pero sigue estando igual de vacío.
Continúan pendiente la ronda sur de Cáceres y de Badajoz y que se termine de impulsar la Plataforma Logística (que lleva más de una década ya de retraso). Y a estas carencias hay que añadir la eterna demora de la declaración de impacto ambiental (DIA) para la mina de Aguablanca en Monesterio para que esta explotación puede ponerse de nuevo en marcha y genere empleo en una comarca que quedó dañada.
Y, como no, el esperado tren rápido (que ya no será AVE) y que ahora, se supone, llegará en 2019. Con la intención de presionar al Ministerio de Fomento para que, esta vez sí, cumpla su palabra, se ha creado el famoso Pacto por el Ferrocarril, formado por partidos políticos, sindicatos y la patronal y que ya ha protagonizado una manifestación en Badajoz (a la que le PP se opuso y no acudió).
TURISMO / Entre las luces de este legislatura está el Plan de Turismo, que pretende ser una cantera de empleo en una región que también logrado este año cifras históricas en cuanto a número de visitantes. Aunque, de momento, los puestos que se crean, sobre todo en hostelería, son con condiciones precarias, tal y como no se cansan de denunciar los sindicatos: contratos de escasas horas y de pocos días de duración que no permiten ningún tipo de estabilidad.
Otra de los proyectos que también ha salido adelante es la normativa que prohibe gasolineras sin empleados, una decisión que ha enfadado al sector de las low cost, cuyos representantes ya han advertido que recurrirán.
Cuando todavía era candidato, Vara presentó ante notario una Agenda del Cambio con 60 medidas con las que se comprometía. En la propia página web aseguran que el cumplimiento está al 90%, pero la realidad es que hay varios flecos pendientes.
Por ejemplo, el plan de impulso económico regional, que prometía en 100 días infraestructuras productivas, si se ha completado, no ha tenido repercusión.
OPOSICIONES / Otra de las promesas fue publicar el calendario de oposiciones para evitar el estrés de los aspirantes. Los de Educación ya saben que este año no habrá prueba pero los de materia sanitaria siguen con la incertidumbre de no saber en qué fecha serán examinados.
Uno de los puntos que incluía esta Agenda del Cambio era la reducción de consejerías, que pasaron de 7 a 5. Precisamente en esta cuestión la oposición ya ha pedido en bloque a Vara que amplié el número de carteras ya que falta eficacia al estar algunas tan comprimidas. Se ha puesto el foco especialmente en la consejería de Educación y Empleo y en la de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. El recién elegido Consejo Agrario ha sido el último en pedir que se cree una cartera solo de Agricultura. La respuesta de Vara sigue siendo, hasta ayer, que de momento no tiene pensada ninguna remodelación.
LAS PRIMARIAS / Como principal crítica de la oposición en los últimos meses, está la que acusa a Fernández Vara de tener la mirada puesta en Madrid y no preocupase de la región, especialmente con el protagonismo que adquirieron las primarias del PSOE nacional por el enfrentamiento entre Susana Díaz (apoyada y alabada por el presidente extremeño) y Pedro Sánchez. La victoria de este último -también en la región- ha supuesto un importante jarro de agua fría.
De momento tiene todavía dos años de legislatura por delante en los que, al no contar con mayoría absoluta (PSOE 30 diputados, PP 28, Podemos 6 y C’s 1), deberá seguir llegando a acuerdos con los demás partidos. Aunque como ya ha afirmado en varias ocasiones, su apuesta «es el diálogo». «Esto no es ni el pacto de la corrala ni la gran coalición», ha repetido más de una vez.
De hecho, si bien fue la abstención de Podemos la que permitió que se hiciera con el poder, el Partido Popular ha permitido, en las dos ocasiones, que los presupuestos regionales salgan adelante.
El objetivo es seguir apostando por lo social, aunque para ello, como ya ha advertido, tenga que dejar de cumplir con el déficit impuesto por el Ministerio de Hacienda. De hecho, Extremadura fue, después de Murcia, la segunda región con el más alto registrado en el mes de febrero. Un dato que ha vuelto a hacer saltar las alarmas y a poner en entredicho la gestión política y económica.
