Los bancos y cajas que operan en Extremadura pagarán, como máximo, 30 millones de euros por el nuevo impuesto sobre depósitos, cuyo plazo de liquidación para este ejercicio, el primero en el que se cobra, termina en junio.
En total, estas entidades guardan 9.500 millones de euros de los extremeños en las 1.149 sucursales que tienen repartidas por toda la región. De aplicarse los tipos del gravamen sin considerar deducción alguna, las arcas regionales captarían algo más de 37 millones de euros.
Sin embargo, el impuesto recoge varias deducciones de tipo general que reducen esta cantidad. Así, por cada oficina que tenga la entidad se le rebajarán 5.000 euros del impuesto, o 7.500 euros si es una de las 259 sucursales establecidas en localidades de menos de 2.000 habitantes. Igualmente, las entidades que tengan su sede social y oficinas centrales en Extremadura se benefician de otra reducción de 150.000 euros.
REBAJA POR OBRA SOCIAL
De este modo, el total a ingresar por parte de los bancos y cajas que captan el ahorro extremeño, una vez aplicadas las deducciones generales por cada sucursal, quedaría en torno a los 30 millones de euros.
En todo caso, la Junta recoge en sus presupuestos para este año unos ingresos de 6 millones de euros por este impuesto. Esto se debe a que las entidades también pueden beneficiarse de la denominada deducción específica, es decir, que se les rebajará de lo que tengan que pagar lo que hayan destinado a las inversiones "de utilidad pública o interés social" que respondan a los criterios marcados por el Ejecutivo regional.
Dicho apartado es especialmente útil a las cajas de ahorros, que ya vienen realizando, por imperativo de sus estatutos, gastos muy elevados en la llamada obra social.
Así, por ejemplo, Caja de Extremadura, principal entidad de la comunidad, que tendría que pagar unos 11 millones de euros tras la rebaja por sucursales y por tener su sede en la región, destinó el pasado año 9 millones de euros a su obra social con lo que, de ser aceptada íntegramente esta inversión como "de interés social", la entidad pagaría 2 millones de euros.
Por su parte, Caja de Badajoz, a la que tras la deducción por sucursales y por estar asentada en Extremadura le restarían por pagar 7 millones de euros en impuestos, gastó en obra social 9,6 millones, lo que significa que no pagaría el gravamen, al superar la inversión social la cuota a pagar.
El resto de cajas que operan en la región, incluídas las foráneas, también han venido realizando actividades que podrían caber en la deducción específica que apunta la ley que regula este gravamen.
Otro tanto ocurre con algunos bancos. Así, Banca Pueyo suscribió un convenio con el Gobierno regional para facilitar créditos blandos a los emprendedores, lo que le supondrá rebajar la cantidad final a pagar por el impuesto en una cuantía aún por determinar por la Consejería de Economía, Hacienda e Industria.
LA CAIXA SE ADAPTARA
Ayer mismo, directivos de una de las cajas no extremeñas que operan en la región, en este caso La Caixa, se pronunciaron sobre el asunto. Según explicó Manuel Romera, director territorial de la Zona Sur de la entidad catalana, no les preocupa el impuesto, y agregó que el gravamen "no va a frenar la intención de extender nuestra red en Extremadura".
Romera recordó que La Caixa venía realizando ya una amplia obra social en la región antes de que existiese el gravamen, y señaló que "lo único que haremos será conversar con la Junta para adaptar las inversiones a lo que se marque cada año".
