La consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, que abrió ayer la ronda de comparecencias del nuevo Gobierno regional en la Asamblea, aseguró que su departamento será "duro e inflexible con el crimen organizado que explota a los inmigrantes, sobre todo a las mujeres", y que perseguirá "cualquier atisbo de racismo".
Flores, que durante más de una hora desgranó los objetivos de su consejería, anunció la puesta en marcha de un plan de inclusión social extremeño "que integrará todas las políticas de cohesión social". Tras atacar al Gobierno central, al que acusó de estar desmontando el Estado social, comentó que todos los extranjeros que residan en Extremadura, independientemente de su situación administrativa, tendrán acceso a la educación y la sanidad.
En cuanto a los emigrantes, afirmó que se favorecerá el retorno tanto de los nacidos en la región como de sus descendientes. Respecto a la cooperación con el Tercer Mundo, anunció un plan que marque sectores y áreas geográficas prioritarias, y señaló que la Junta asumirá directamente la gestión de programas.
En lo referido a la infancia, Flores explicó que se incrementarán los recursos y se reclamará al Gobierno central un Juzgado de Familia para Extremadura. La consejera también marcó objetivos para los mayores (prevención de la salud y ocio creativo) y los discapacitados (promoción de la autonomía social y laboral).
Antes de la comparecencia, la portavoz del PP en política social, Mari Luz Calvo, había reclamado precisamente un plan de inclusión "estable y universal" que marque las actuaciones a corto, medio y largo plazo. Calvo manifestó que el sistema actual no supera los modelos "arcaicos y desfasados de asistencia y beneficiencia", por lo que pidió un cambio de orientación en el que ofreció el consenso de su grupo.
