El Servicio de Inspección de la Consejería de Bienestar Social ha realizado durante los dos últimos años 192 inspecciones a residencias extremeñas de mayores, tanto públicas como privadas, que han ocasionado la apertura de dos expedientes sancionadores a dos centros, así como el cierre de una residencia, todos ellos de carácter privado.

Según los datos facilitados por la propia consejería, durante los años 2004 y 2005 casi todas las inspecciones que se realizaron fueron de oficio --las denominadas inspecciones rutinarias--, lo que significa que no se llevó a cabo ninguna a instancias de denuncias de familiares. No obstante, sí se han realizado inspecciones a residencias privadas motivadas por emergencias sanitarias o por carencias en la atención a mayores, sin que, aseguran desde la Administración regional, se haya necesitado abrir expediente sancionador al solucionarse las deficiencias. Por otra parte, se han impuesto sanciones por valor de 6.000 euros.

En la actualidad hay 188 centros de mayores en la región, de los que 64 --el 34%-- son residencias de titularidad privada, 97 de titularidad municipal y 27 dependientes de la Junta.

FUNCION DEL SERVICIO El equipo de inspección, tras su puesta en marcha, llevó a cabo visitas a todos los centros en funcionamiento de la comunidad extremeña, con lo que, señalan desde la Consejería de Bienestar Social, se tuvo conocimiento de la situación de cada una de las residencias, así como su grado de adecuación a la normativa específica sobre establecimientos y servicios de atención geriátrica y al resto de la legislación vigente.

Una vez realizado este primer proceso, el Servicio de Inspección ha realizado un control sobre los centros con visitas anuales, con una periodicidad que depende del estado y funcionamiento de cada residencia geriátrica, además de controlar también los nuevos establecimientos que abren.

Atendiendo a este criterio, indica Bienestar Social, "hay establecimientos que han sido visitados una única vez y establecimientos inspeccionados hasta en cinco ocasiones".

Entre los objetivos, señala la Junta de Extremadura, está el de controlar el buen funcionamiento y el estado de los centros por medio de requerimientos, que sirven para la correcta subsanación de deficiencias, tanto arquitectónicas como de funcionamiento, organizativas y de calidad de servicio.