El Ministerio de Agricultura no sale muy bien parado en el relato que hace la Comisión Europea de cómo se fraguaban los acuerdos sobre el precio del tabaco crudo entre cultivadores extremeños e industrias transformadoras entre 1996 y el 2001. La Dirección General de Competencia afirma que "el Ministerio incitó como mínimo a las partes a seguir adelante con sus negociaciones colectivas relativas a estas tablas de precios", a pesar de que el departamento que dirige ahora Miguel Arias Cañete sabía que desde el año 2000 era ilegal que productores y transformadores pactaran de forma conjunta los precios de venta de productos agrícolas.

"En 2000 y 2001, el Ministerio de Agricultura convocó a los representantes de los dos sectores a reuniones, a veces incluso en la sede del Ministerio, con el fin de convenir las tablas de precios", afirma la Comisión Europea en el pliego de cargos que ha dirigido a 20 entidades del sector (empresas, agrupaciones de productores y organizaciones agrarias). Bruselas acusa a las industrias de crear un "cártel" para frenar la subida de precios de la materia prima. A los productores se les acusa de hacer "un frente común" para "imponer" un precio único a las industrias.

Esta incitación del Ministerio de Agricultura a una negociación conjunta de las dos partes --y no de cada industria con su agrupación de productores, en un marco de libre competencia-- hace que la Comisión Europea deje abierta la puerta "a una posible acción dirigida contra el Estado español". A estas reuniones cada bloque llegaba --previo acuerdo-- con una única oferta, lo que eliminó la competencia.

La Comisión considera que estas prácticas son contrarias a la legislación, por lo que puede imponer sanciones de entre 1.000 y un millón de euros a cada industria transformadora o agrupación de productores denunciada. No obstante, Bruselas advierte de que la multa puede llegar hasta un 10% de la facturación anual de cada uno de ellos.

El acuerdo entre las industrias transformadoras comenzó el 13 de marzo de 1996 y finalizó el 3 de octubre del 2001. Básicamente, se ponían de acuerdo --según la Comisión-- para ofrecer un mismo precio a los productores y no hacerse competencia. Los pactos entre productores comenzaron en febrero de 1996 "y la última prueba de acuerdo (...) es una reunión de 10 de agosto del 2001". Estos pactaban no vender por debajo de un precio.