La Comisión Europea presenta hoy su propuesta para reformar la Organización Común del Mercado (OCM) de las frutas y las hortalizas, con la que pretende sustituir el actual sistema de ayudas ligadas a la producción por un pago único y fijo a cada agricultor, pero lo hará en un clima de división entre las principales organizaciones agrarias.

El objetivo de la comisaria europea de Agricultura, la danesa Marann Fischer Boël, es incorporar este sector a su política agraria, en la que plantea desvincular totalmente las subvenciones de la producción. De esta forma, los agricultores dejarán de percibir ayudas en función de sus cosechas --como hacen desde la entrada en vigor de la OCM de las frutas y las hortalizas, en 1996-- y percibirán una renta fija ajena a la producción.

La propuesta, que debe ser aprobada por la comisión y por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, afectará principalmente a los productos para la industria transformadora, como el tomate. En el resto, sobre todo en la fruta fresca, apenas se registrarán cambios en las ayudas.

Posturas encontradas

Pero de momento no hay consenso entre las organizaciones agrarias a la hora de valorar las consecuencias de este cambio de política en un sector que representa cerca del 37% de la producción agrícola regional y al que se dedican unos 9.000 agricultores extremeños. Por su parte, la Junta ha declinado pronunciarse hasta que hoy se conozcan todos los detalles, una postura que también ha adoptado la Unión Extremeña de Cooperativas.

Así, Bibiano Serrano, presidente de Apag en Extremadura, afirma que esta reforma será "positiva", sobre todo para el sector del tomate. Según señala, evitará que se produzcan nuevas penalizaciones por sobreproducción, "ya que los agricultores no tendrán que alcanzar una producción determinada para lograr la ayuda, sino que podrán hacerlo con criterios de rentabilidad".

Serrano explica que ahora "están obligados a cultivar sabiendo que no es rentable; pero si se aprueba la reforma los productores podrán decidir qué superficie cultivan en función de la rentabilidad, porque ya tendrán garantizada una renta". Además, señala que se evitará la triangulación del tomate y que podrán dedicar el terreno no destinado a tomate a cualquier otro producto. "Y las ayudas irán directamente a los bolsillos de los agricultores", añade.

Angel García, secretario regional de Asaja, también comparte esta valoración. Para él, se trata de una reforma acertada" que permitirá "ajustar la producción en función de la demanda", con lo que se evitarán los problemas de rentabilidad de algunas explotaciones. Así, según García, "se garantiza la existencia de los agricultores, que tendrán libertad para cultivar lo que resulte más productivo".

UPA se opone

Las discrepancias llegan desde la otra organización agrícola mayoritaria. UPA-UCE, que había convocado para hoy en Madrid una concentración de rechazo contra la propuesta de la Comisión Europea --la cita ha sido suspendida por las inclemencias meteorológicas--, sostiene que los cambios en la OCM son negativos para España y Extremadura. Según su secretario regional, Ignacio Huertas, la medida liberalizará el sector, de manera que los cultivadores quedarán desprotegidos "ya que se va a desregularizar el campo y habrá masificaciones en los cultivos que en cada momento tengan mejor mercado". Además, considera que el pago único incentivará el abandono de superficie, "porque el agricultor no tiene garantizada la rentabilidad e irá a cultivos que ofrezcan más seguridad".