No sabe muy bien cómo, pero el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, anunció ayer que en Extremadura se estudiará la manera de poder seguir ofrenciendo sanidad universal. «Se buscarán resquicios legales para mantener la asistencia que necesitan todas las personas, incluidos los extranjeros en situación irregular», aseguró. Y añadió que se firmarán convenios con asociaciones de inmigrantes «que permitan, en un entorno de máxima seguridad jurídica, prestar esta atención sanitaria».

Las palabras del consejero son la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que se conoció el pasado lunes y que da la razón al recurso del Gobierno central a uno de los puntos de la Ley regional de Exclusión Social, precisamente el que garantizaba la tarjeta sanitaria a los sin papeles. El argumento es que se invanden competencias estatales.

La Junta insistió en que «acata» la decisión judicial, pero intentará hallar la manera de seguir dando «un derecho universal que no solo va en beneficio de la salud personal sino también de la colectiva».

EL Real Decreto de 2012 establece que, en el caso de extranjeros irregulares, solo se puede atender a embarazadas, niños y situaciones de urgencia. «Pero el médico como profesional nunca se va a negar a atender a un paciente, no lo vamos a hacer», declaraba ayer a Canal Extremadura el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona. «Supondría un empeoramiento del sistema sanitario. Estas personas vienen de otros países con enfermedades infecciosas, que pueden transmitirse y es un grave peligro. Y no hay que esperar a llegar a Urgencias», añadía.

Rachid El Quaroui, procedente de Marruecos y que lleva 22 años en Extremadura, expresaba: «Esto es una falsa polémica, una manera de señalar a un colectivo que no ha creado nunca ningún problema en la sanidad», aseguraba este profesor de Sociología de la Uex.