La historia del empresario cacereño Joaquín Alviz, del que la Interpol ha dado orden de busca y captura en 171 países por supuestos delitos de "fraude" y "crimen organizado" cometidos en El Salvador, parece no tener fin. A pesar de que este diario le localizó hace tres semanas en su domicilio en Cádiz, la organización internacional de la policía mantiene la orden de busca y, en el país en el que se le reclama, los medios de comunicación y la justicia especulan sobre su paradero y sobre una posible detención y extradición a El Salvador.

Pero Alviz sigue en su casa en Cádiz. Además, según ha anunciado, sus abogados han presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz una denuncia contra la Interpol y sus representantes. En la denuncia, amparándose en la Constitución, Alviz solicita la tutela judicial "ante la persecución y acoso del que vengo siendo objeto con graves perjuicios tanto para mi persona como para mi familia y mi empresa, y todo ello motivado por los intereses económicos que hay detrás de dos millonarios contratos que gané con la empresa Icasur".

Alviz se refiere a la concesión administrativa del servicio de inspección técnica de vehículos del país sudamericano. Según los medios de comunicación de El Salvador, está implicado en sobornos para hacerse con varios concursos amañados por valor de 150 millones de dólares.

La denuncia es contundente: "Detrás de estos millonarios contratos hay una trama de intereses económicos y políticos del más alto nivel, que no siempre respetan la legalidad y donde se encuentran poderes políticos de la categoría de expresidentes y exministros, junto con influyentes empresarios locales, y todo ello combinado con un enorme poder mediático de la prensa en estos países".

Según ha aparecido en varios medios de comunicación, entre ellos El Mundo , de El Salvador, Alviz ha sido localizado ya por el Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional, que a su vez ha informado a la Interpol, aunque sostienen que podrá seguir en libertad "porque el tratado de extradición entre España y El Salvador no admite la entrega de nacionales de los respectivos países". No obstante, fuentes del Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional aseguraron a EL PERIODICO no tener constancia de lo que recogen estos medios salvadoreños.

Por su parte, Alviz, que tiene varias resoluciones judiciales en las que se indica que la orden de busca está anulada por la Corte Suprema de El Salvador, mantiene que todo se debe a una trama del Estado salvadoreño para arrebatarle el negocio de las ITV y acusa al expresidente salvadoreño, Francisco Flores, y a dos exministros de estar detrás de todo.