Los precios de la electricidad que se consume en los hogares y las empresas están fijados por el Gobierno, al tratarse de un servicio público muy importante para el funcionamiento del país y con una incidencia directa en el IPC. En los últimos años, las tarifas han descendido un 26%, lo que ha estrechado considerablemente los márgenes de las compañías. Este abaratamiento de la energía hace muy atractivos los precios regulados para los clientes y resta capacidad a las eléctricas para entrar en una guerra de tarifas.

Este es el principal motivo por el que a partir de la próxima semana no habrá un boom de ofertas para ganar mercado. El Gobierno confía en que el nuevo marco se vaya perfeccionando con el tiempo y a medio plazo sí exista competencia, como ahora sucede en la telefonía.

Si el cliente decide cambiar de compañía, la nueva tendrá que pagar un peaje por utilizar una red que no es suya, como ahora hace el resto de operadores de telefonía con Telefónica. Además del peaje, la eléctrica tendrá que abonar los impuestos y el coste de la energía suministrada. Es muy difícil pensar que la suma de todo ello permita a la empresa ofrecer la electricidad más barata de lo que lo hace la compañía establecida en una zona. Iberdrola domina Cáceres y parte del este de Badajoz, mientras que Endesa controla el resto de esta provincia. El mercado se completa con una quincena de empresas que sólo distribuyen.