La sentencia del Tribunal Europeo que dictamina que la ley española sobre desahucios es ilegal y abusiva comienza a surtir efecto en la región, aunque de forma indirecta. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mérida consiguió ayer que Caja Duero paralizara dos expedientes de desahucio en la capital autonómica y que en su lugar, la entidad bancaria haya ofrecido a las familias afectadas un alquiler social equivalente al 30% de sus ingresos durante los próximos cinco años. En uno de los casos, ha aceptado incluso la dación en pago de la vivienda. "Estamos muy contentos con la sentencia, pero tenemos que seguir trabajando porque no es suficiente", explica el portavoz de la PAH de Mérida, Ramón Carbonell.

Aunque la paralización de los dos procesos no se debe directamente a la sentencia de la UE --establece que son los jueces los que deberán frenar los procesos que se inicien a partir de ahora y que partan de hipotecas con cláusulas abusivas--, Carbonell sí achaca al fallo de Luxemburgo la "buena predisposición y receptividad" que la entidad bancaria mostró para negociar ambos casos en la que era ya la segunda reunión. Tras este primer paso que consideran importante, las PAH de Cáceres, Mérida y Badajoz coincidieron ayer en destacar el varapalo de Bruselas a la normativa española, y la primera incluso exigió que los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso "se paralicen de oficio y de forma inmediata puesto que la normativa que los regula es ilegal". Actualmente, las tres plataformas tienen pendientes de negociar unos 25 desalojos en la región, casi en su totalidad en las ciudades más grandes.

EL CASO DE CESAR Y AROA César y Aroa han sido los primeros extremeños en 'beneficiarse' de la sentencia. Aunque la vivienda en la que residen en Mérida finalmente se la queda el banco, ambos han conseguido, gracias a la PAH y otros colectivos ciudadanos como Stop Desahucios, evitar el desalojo. Caja Duero les ha ofrecido un alquiler social equivalente al 30% de sus ingresos durante los próximos cinco años y a César además, la dación en pago. Para Aroa la fórmula ha quedado en estudio. "En mi situación, en paro, cobrando 426 euros y un hijo de ocho años es una burbuja de aire saber al menos que no me van a echar de casa", dice Aroa, que ya denunció su situación a este diario. Ella recibió la primera notificación del banco el pasado mes de noviembre, después de no pagar 10 cuotas de hipoteca. "Lo he pasado muy mal, he tenido crisis de ansiedad y he estado tomando ansiolíticos. A las personas que estén en mi misma situación solo les pido que se acerquen a la plataforma y colaboren, que la unión hace la fuerza", comenta.

Por su parte César también se muestra contento, pero aún con cierto miedo. Parado y padre de tres hijos de 12, 10 y un año, el banco le exigió cancelar la hipoteca con un pago de 70.000 euros para que su piso no fuera subastado y su familia desalojada. "Con 400 euros tienes que elegir entre comer o pagar", dice. Pese a recurrir a un abogado de oficio, la resolución del caso ha sido posible gracias a las plataformas ciudadanas. "Se han portado muy bien conmigo y gracias a ellos he conseguido la dación en pago y un alquiler social", concluye.