La asamblea general de Caja Rural de Extremadura ratificó ayer con el 91,42% de los 16.096 votos emitidos al consejo rector de la entidad, y con el 92,58% a su director general, José Manuel Gómez Piélago. Así se decidió en una reunión en la que se dio el visto bueno a la continuidad del consejo con 14.154 sufragios, frente a los 1.253 que optaron por el cese del equipo actual. En cuanto a la continuación o no de Piélago, 14.331 votos se posicionaron a favor y 1.016 en contra.
El presidente de la comisión de control de la asamblea, Emilio Camacho, la destacó por ser la que ha tenido "más afluencia en la historia de la entidad", ya que contó con 1.157 socios asistentes, con 4.399 votos, así como un número de socios representado de 947, con 11.697 papeletas.
Por su parte, el vicepresidente y presidente en funciones de Caja Rural de Extremadura, José De la Cruz, explicó que tras la ratificación del consejo rector y del director general, "en los próximos días volveremos a tener una nueva reunión, para empezar a trabajar y organizar el futuro de la entidad". No obstante, no pudo especificar cuándo se producirá, ya que hasta el último momento desconocían cuál iba a ser el resultado final de la votación. "No tardaremos mucho, pero no tenemos fecha", apostilló De la Cruz, tras la reunión celebrada en la finca El Toril de la entidad extremeña en Mérida.
La mayoría obtenida hace que el consejo rector de la entidad garantice su continuidad, pero por el momento lo hará con nueve de sus doce miembros, ya que tres de ellos dimitieron. "Es una de las cosas a tener en cuenta para el futuro de la entidad", afirmó De la Cruz. Tras la renuncia voluntaria del representante sindical de UGT, Antonio Masero; del expresidente de la entidad financiera, Román Prieto; y de Mario Pessini, este órgano queda integrado por Matías Sánchez, Pedro Blanco, Emilio Montero, José De la Cruz, Francisco de Borja, Luis Cumplido, Miguel Monterrey, José Marías Sánchez y Urbano Caballo.
Asimismo, De la Cruz hizo una valoración "muy positiva" del resultado obtenido en la reunión. "Nos quedamos sin palabras, creíamos que podríamos tener un respaldo importante, pero no de la forma tan importante como ha sido", señaló, y es que con un respaldo superior al 90%, "prácticamente tenemos la asamblea toda con nosotros".
En relación a cómo afectará la nueva Ley de Crédito Cooperativo, aprobada el pasado jueves en el Parlamento de Extremadura, el directivo apuntó que la examinarán "una vez que la tengamos bien completa en nuestras manos", porque "nos tenemos que enterar de la ley por lo que aparece en los medios de comunicación", y esperan a "tenerla en la entidad oficialmente".
LA JORNADA Con más de dos horas de retraso comenzó un encuentro que congregó a una gran afluencia de socios, cuyo comienzo estaba previsto a las diez de la mañana, y que se desarrolló de forma continuada hasta las 18.00 horas. Según informó una asambleista a este diario, durante el transcurso de la reunión un grupo de unas treinta personas se levantó y desfiló por el pasillo en dirección a donde se ubicaba la comisión de control. "Querían boicotear la asamblea", manifestó. Sin embargo, y tras las peticiones de los miembros de la mesa para que esperasen a su turno de palabra, esta socia explicó que volvieron a sentarse en la zona de atrás y ya no volvieron a decir nada.
En el turno de ruegos y preguntas, uno de los socios preguntó por una información ajena a los puntos del orden del día. "Aquí no se habla de lo que digan los periódicos", respondió la mesa. En este sentido, fuentes próximas a la entidad regional aseguraron que lo publicado en los medios no les ha afectado "absolutamente en nada".
Caja Rural de Extremadura vivió ayer una jornada marcada por informaciones referentes a la entidad publicadas y corroboradas por este diario, como un informe interno que describe el incumplimiento del plan de viabilidad de la entidad con fecha 2 de junio de este año, a pesar de sostener lo contrario el director general en una carta enviada a los empleados a mediados de mayo. A ello se suma el malestar reinante en la plantilla de la entidad financiera por la contratación de hasta ocho nuevos empleados vinculados familiarmente con miembros del consejo rector o de la comisión de control.
Por otra parte, el diputado de IU en la Asamblea, Alejandro Nogales, presentó el pasado viernes una querella contra la entidad por una presunta comisión de un delito de revelación de secretos bancarios. La querella se refiere a lo publicado el día 24 por el periódico Hoy, según la cual Caja Rural reclama a Nogales un préstamo impagado de 1995.
