El sector de tomate de industria, probablemente el más dinámico del campo extremeño, se encuentra en un callejón sin salida. Las fuertes inversiones realizadas en las últimas campañas por los 3.000 productores extremeños en nuevas fábricas transformadoras, equipos de riego y maquinaria pueden verse comprometidas en el 2006 y mucho más en el 2007, año en el que un cultivo en el que Extremadura ejerce el liderazgo nacional no sería rentable.

Pero ¿qué ha pasado para que un cultivo que hace un par de años ofrecía en la región grandes expectativas de rentabilidad y crecimiento --y que ha impulsado un sinfín de empleos directos e indirectos en las vegas del Guadiana-- se haya convertido en un verdadero problema?

Es difícil achacarlo a un sola causa y hay que buscar el origen en la confluencia de una serie de factores, algunos de ellos conocidos de antemano por todos --el régimen severo de penalizaciones por superar el cupo de cada país-- y otros sobrevenidos --el incremento de los costes de producción, sobre todo el gasóleo, y la continua bajada de los precios a los que las fábricas pagan la materia prima--. Los agricultores fijan el umbral de rentabilidad en obtener unos ingresos de 11 pesetas por kilo (entre ayuda y precio).

El régimen de penalizaciones en el sector se aprobó en 1996 y establece un cupo máximo con derecho a ayuda de 8.251 millones de kilos de tomate fresco para toda la UE, que se reparten entre entre Grecia, España, Francia, Italia y Portugal. A estos países se unieron en el 2004 República Checa, Chipre, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia, que sumaban una cuota de otros 401 millones de kilos. Por ello, el umbral máximo que subvenciona ahora Bruselas es de 8.653 millones de kilos.

La ayuda básica de partida que establece el reglamento comunitario es de 34,50 euros por tonelada que se entregue en la fábrica, es decir, 0,034 euros por kilo (casi 6 pesetas).

La mecánica de la penalización se sencilla. De la producción total de las últimas cuatro campañas en la UE se elimina la última y se realiza una media. Si la media resultante excede el cupo máximo europeo, la penalización no se aplica a todos los países sino sólo a aquellos que hayan superado su umbral nacional.

Teniendo en cuenta las campañas 2002, 2003 y 2004 (se exceptúa la 2005), Europa ha superado en casi un mil millones de kilos de media su cupo, por lo que la penalización recae en el 2006 en los países que en los años de referencia han superado su umbral nacional. Estos son Italia, que se ha excedido en un 22% de media cada año, y España, que se ha pasado un 43% de media en las campañas 2002, 2003 y 2004.

Millones de kilos

Este rebasamiento, esperado y confirmado el miércoles pasado por Bruselas, supone una dura penalización para los agricultores extremeños, ya que aportan el 80% del cupo español. Esto supondrá que pasarán de cobrar 0,031 euros por kilo en el 2005 a 0,023 en el 2006. Estas cifras, que pueden parecer insignificantes, suponen cantidades muy importantes al multiplicarse por millones de kilos. Por ejemplo, un agricultor con una explotación media de 20 hectáreas y 70.000 kilos de rendimiento por hectárea puede dejar de ingresar en el 2006 9.800 euros (1,6 millones de pesetas), lo que no es ninguna minucia.

Lo realmente negativo para los agricultores españoles es que quedan en un situación de desventaja competitiva con respecto a otros países, ya que los italianos cobrarán 0,030 euros por kilo y el resto de agricultores de la UE percibirán la prima íntegramente.