La campaña de la PAC en Extremadura registra 59.840 solicitudes, un 6,5% menos que en 2016

Esta cifra supone un descenso del 6,5% respecto a los 63.977 expedientes que se tramitaron en el 2016. Una caída que está causada en buena medida por la entrada en vigor este 2017 del umbral mínimo de trescientos euros para poder recibir ayudas comunitarias. El establecimiento de un tope para percibir subvenciones se ha efectuado de forma progresiva, ya que en el 2015 fue de cien euros y de doscientos en el 2016. De esta forma, en estos tres años quienes tenían derecho a un importe inferior a esos montantes han ido quedando fuera del reparto de fondos. Por este motivo, el grueso de la pérdida de solicitudes se concentra en el régimen de pequeños agricultores, que pasan en la región de 19.740 a 16.009 (-18,9%).

«Estos últimos años se han ido cayendo muchos solicitantes, bien por el mínimo de 300 euros, bien por no cumplir el requisito de agricultor activo», confirma Mayte López, responsable de la Oficina Técnica Agraria de Caja Rural de Extremadura. No obstante, considera que «en muchos casos» se ha efectuado cesión de derechos para que estos no desaparezcan, por lo que es dinero que no se ha perdido para la región.

Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, coincide en que «la mayor parte de las solicitudes que faltan este año son las de quienes cobraban menos de 300 euros», al tiempo que recuerda que en Extremadura había «miles de explotaciones» por debajo de este umbral, y que a lo largo de este trienio han ido dejando de ser solicitantes. Sin embargo, a su juicio, «el 90% de ese dinero es dinero que ha perdido la región, que no se ha traspasado. Son cantidades muy bajas, muchas veces de personas jubiladas o que no viven del sector y que no han hecho nada con estos derechos», arguye.

El sector del olivar, afirma, es uno de los que con mayor frecuencia han vivido esta situación. «Ni se han hecho asociaciones para poder solicitar en común varios de ellos, ni tampoco ha habido un número importante de cesiones a otras explotaciones, por lo que esos derechos se van a perder (algo que sucede cuando se dejan de utilizar dos años)», asegura.

TIPOS DE AYUDA / Del total de peticiones tramitadas este año en la región, aparte de las incluidas en el régimen de pequeños agricultores, otras 39.509 son de solicitantes con régimen de pago básico (frente a los 39.509 del 2016, un 0,3% menos), 1.691 del régimen de jóvenes agricultores (un 4,4% más que los 1.619 del año pasado) y 2.631 de quienes efectúan la declaración al registro de explotaciones, que es de carácter obligatorio, pero sin solicitar ningún tipo de ayudas (caen un 11,9% desde las 2.987).

Entre los solicitantes que son personas físicas, 36.148 son hombres y 18.048 mujeres, mientras que, atendiendo a la edad, apenas 2.566 tienen menos de 30 años (un 5%), por 16.359 que están en el tramo que llega hasta los 45 (un 31,9%), y 32.336 superan esa edad (un 63,1%), lo que confirma la falta de relevo generacional en la actividad agraria.

A este respecto, Huertas hace hincapié en la necesidad de intensificar las políticas que lo faciliten. Por un lado, recuperando la posibilidad del cese anticipado de la explotación que existía en la anterior PAC. «Era una figura muy útil, ya que permitía que el agricultor de más de 55 años pudiese ceder su explotación pero siguiera cotizando hasta la edad de jubilación y recibiese una ayuda. El factor fundamental en las explotaciones agrarias es la tierra, y para que esta pueda cambiar de manos tiene que haber medidas de ese tipo», esgrime. Por otro lado, también remarca la importancia de las ayudas destinadas a potenciar la incorporación de jóvenes a la agricultura, ya que «siempre hay muchas más solicitudes que presupuesto para poder resolverlas».