Capital salomónica". Así califica a la ciudad de Mérida en sus memorias 'Rompiendo cristales' el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien tuvo la llave de otorgar durante más de dos décadas un Estatuto de Capitalidad similar al que concedió la Xunta a Santiago de Compostela.

Las palabras, y más cuando se escriben, no son vacuas y las elegidas por Rodríguez Ibarra no dejan lugar a dudas: la designación de Mérida como capital autonómica sólo tuvo un motivo: no enfadar ni a Badajoz y ni a Cáceres para que ninguna de ambas sufriera un agravio comparativo en caso de elegir a la otra. Y la solución 'salomónica' fue Mérida, la tercera en discordia, que estaba a mitad de camino geográfico entre ambas. Comenzarían allí, seguramente en esos inicios de los años 80, uno de los grandes problemas de esta región: el localismo.

Desde entonces, los emeritenses parecen verse casi obligados a ir pidiendo perdón cada día por el nombramiento. "Conformaros con eso; ¡qué más queréis", ha sido el mensaje que se ha trasladado siempre y que terminó por inocularse en parte de la población: la resignación. Que Mérida se ha visto beneficiada por su capitalidad habrá poca gente que lo pueda discutir, de eso no hay duda. Pero de ahí a quedarse de brazos cruzados de forma complaciente para el resto de los días va un abismo. Sobre todo si cuando el entonces presidente regional, el todopoderoso Rodríguez Ibarra, ante las reclamaciones que ya venían haciendo desde hace años Antonio Vélez (cuando era alcalde socialista, aunque luego se amilanó tras las amenazas de Ibarra) o Pedro Acedo (PP), responde de la manera en la que se hacían antes las cosas en esta región: ni por asomo habrá Estatuto, ni tan siquiera el más mínimo debate y "si a los emeritenses les molesta la capitalidad, me la llevo a otro sitio".

Zanjada de raíz cualquier polémica, pocas esperanzas le quedaban ya a los emeritenses de conseguir su sueño, salvo un hipotético, entonces, vuelco electoral en Extremadura (el PP regional y local lo incluía en cada programa electoral) que durante muchos años fue una auténtica quimera. Se era consciente de que con un gobierno socialista -tampoco con Fernández Vara (durante esa legislatura gobernó Angel Calle en el Ayuntamiento de Mérida y nunca se lo pidió) - era imposible desbloquear una cuestión que responde a una necesidad concreta: junto a Santiago, es la única capital autonómica que no es capital de provincia.

Nadie podrá dudar del beneficio que dejan los funcionarios (sobre todo por la reproducción ilimitada de cafeterías junto a las consejerías) y el aumento de ventas en los comercios del centro (antes de que buena parte de las consejerías se marcharan a la zona del III Milenium) y del asentamiento en la ciudad de forma temporal de altos cargos de la administración.

Por contra, Mérida padecía algunos episodios que también reflejaban la otra cara de la moneda, en el 'debe' como capital, como por ejemplo el aguantar protestas y manifestaciones (con la consiguiente actuación de la Policía Local) y un servicio de limpieza posterior que había que pagar, entre otras cuestiones, más un insoportable tráfico o falta de aparcamiento en la zona centro para el día a día de los emeritenses. Pero sobre todo, con los años, la ciudad terminó derivando claramente hacia el sector servicios, mientras que inversiones, infraestructuras y otra serie de apuestas (el añejo localismo) se marchaba a otros lugares: 'Vosotros con la capitalidad ya tenéis bastante'.

En cualquier caso, eso responde al pasado. La victoria de Monago en el 2011 abrió la puerta a una esperanza que se concretó en el Consejo de Gobierno Extraordinario de octubre en Don Benito. Mérida tendría su capitalidad antes de terminar la legislatura. Y no fue una promesa más que se quedara en el aire. Los grupos parlamentarios se pusieron a trabajar unidos por encima de que la iniciativa hubiera partido del PP. Al PSOE no le quedó más remedio -aunque nunca haya creído realmente en el Estatuto y jamás lo haya incluido en su programa electoral, aunque le faltó tiempo para intentar rédito político al episodio de la puesta a la venta de la residencia oficial de Fernández López, una cuestión que va muy unido ahora al Estatuto. Aquel manejo partidista, con los 'abajofirmantes' de siempre apareciendo para agarrarse a la pancarta con tal de meter el dedo en el ojo al PP, ha terminado por volvérsele en contra a Osuna, el candidato socialista a la alcaldía de Mérida, y actual diputado.

Ni siquiera su propio portavoz parlamentario, Valentín García, ha tenido la osadía a lo largo la legislatura de romper el consenso establecido con el resto de partidos. Y han sido temas de calado, como la Estrategia de Internacionalización, la de Especialización Inteligente, la Industrial, el Plan 3 E de Empleo o la Agenda Digital, entre otros.

Que Osuna, tras su 'papelón' del día anterior, citara el jueves en su intervención en la Asamblea nada más y nada menos que a John Fitzgerald Kennedy (años 60) o Franklin D.Roosevelt (siglo XIX) no dejaría de ser una 'boutade' si al menos antes hubiera ofrecido un discurso con altura de miras y hubiese reconocido la labor de determinados alcaldes (no digo ya a Acedo pero ni siquiera a Vélez, ahora en el SIEX, que puede ser de nuevo su compañero) y, sobre todo, de muchos ciudadanos de Mérida que durante años sí tuvieron mucho que ver (y no los dos citados ex presidentes americanos) en la consecución de un derecho que ahora, por fin, va a ser una realidad, a pesar de la escasa madurez y ansia de protagonismo del candidato.