La financiación de los ayuntamientos vuelve a la actualidad. El pasado 15 de marzo se produjo un acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias que supone un paso adelante en el camino de la autonomía local. Durante los últimos años poco o nada se había hecho a favor de ese objetivo. La Ley de Reforma de las Haciendas Locales de diciembre del 2002 agravó, además, la asfixia económica de los ayuntamientos españoles. Al modificar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) perjudicó la financiación local y con ella la capacidad de prestar servicios públicos al ciudadano.

La situación se ha vuelto delicada. Los gobiernos locales de ciudades y pueblos ayudan al bienestar social de sus ciudadanos sólo si les prestan servicios de calidad. Las instituciones locales han ido mucho más allá de las competencias propias asumiendo costes de obligaciones que no les competen formalmente. Son los llamados gastos de suplencia.

Hay que reconocer que el esfuerzo constante de la FEMP y la sensibilidad del actual Gobierno han abierto una puerta hacia la esperanza de un nuevo tiempo y así en el marco de la llamada Conferencia Sectorial de Asuntos Locales la Administración nacional se ha comprometido a impulsar la realización de un estudio sobre la financiación de los costes derivados de la prestación de los citados servicios, participando en la financiación de un fondo que compense económicamente la prestación de todas cuantas prestaciones, aun siendo ofrecidas por los ayuntamientos, tienen titularidad de ámbito estatal.

La urgencia con la que en el año 2002 se abordó por parte del PP la última reforma de la financiación local puede ser la causa del escaso análisis de las medidas introducidas en la ley. Del actual modelo de financiación sí que es posible extraer algunas conclusiones, como las de su pobre contribución para resolver situaciones de falta de equidad que perviven todavía con la vigente pauta de participación en los tributos estatales. El actual IAE, por ejemplo, ha demostrado la insuficiencia e ineficacia de unas medidas que no consiguen obtener de los impuestos su máxima capacidad y flexibilidad a pesar de los intentos de adaptar la tributación a la realidad cercana.

Por todo ello parece lógica la revisión del modelo, al menos en los aspectos antes señalados, aunque se supedite al nuevo ámbito competencial que establezca el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local.

Queda aún un último aspecto a tener en cuenta. El actual sistema no considera el objetivo específico de solidaridad pues la norma de distribución de recursos se muestra insuficiente para responder a las ineficacias producidas, lo que se traduce en desequilibrios territoriales individuales de financiación, de consecuencias graves por crónicas. Para compensar la desnivelación entre los municipios menores de 20.000 habitantes y el resto se ha acordado crear el llamado Fondo de Solidaridad Municipal.

Sería de miopes no darse cuenta de que con los acuerdos logrados se han establecido unas líneas de trabajo serias que pueden lograr lo que se pretende. Han pasado ya 26 años de democracia municipal y la suficiencia financiera de los ayuntamientos es un asunto importante que no puede relegarse por más tiempo. Es un capítulo más dentro del conjunto de los Derechos Fundamentales.