"Jóvenes o viejas, da igual, en el número 71 de la calle La Sierra todas las rumanas ofrecen sus servicios sexuales por 10 o 15 euros. No más porque 50 cuestan las legales en el puticlub". Son palabras de Pedro López, vecino de Arroyo de San Serván, que junto a tantos otros, confirmaba que la casa patera insalubre en la que Elena, la niña madrileña de 14 años liberada el pasado día 4, estuvo supuestamente retenida y explotada sexualmente, es un prostíbulo.

Todos saben que la vivienda, en la que según afirman, "habitan 20 o 30 rumanos" funciona prácticamente como un club de alterne y que no es la única en las mismas condiciones. Pero desconocían que Elena era menor de edad y que no estaba ahí por gusto. Unos aseguran no haberla visto nunca. Algunos, que andaba por la calle y a veces salía de noche o a hacer la compra y otros, que puede que la hayan visto en compañía de otras jóvenes rumanas, por lo que su presencia pasó totalmente desapercibida.

Esto último es "posiblemente" lo que le ocurrió al personal de los servicios sociales, que según confirmaron ayer, "tenían conocimiento de la precaria situación en la que se encontraba la casa ubicada en el número 71 de la calle La Sierra", que fue visitada por última vez y sin previo aviso en el mes de septiembre. Puede que Elena ya estuviera allí --fue el mes en el que llegó a Arroyo--, pero estos no se percataron de su presencia. Lo que sí hizo la persona que visitó la vivienda, según declaró a este diario, fue "emitir un informe y enviarlo a instancias superiores detallando las condiciones insalubres en las que se encuentra la casa". Pero nadie puso remedio.

También se informó al dueño de la misma, "un señor mayor que vive fuera del pueblo", según declararon los vecinos. Una versión que confirmó el alcalde de la localidad, Juan Moreno, que reconoció que el arrendatario "ha visitado el ayuntamiento varias veces para informar de que no podía echar a los inquilinos rumanos, que no pagan la renta desde hace meses y que están como ocupas". El primer edil le animó a denunciar, pero afirma "no saber en qué quedó la cosa finalmente".

MAS HACINADOS La asistente social también confirmó que los menores que habitan en el número 71 de la calle Sierra --al menos son cinco, según comprobó este diario-- "sí están escolarizados", aunque es cierto que suelen faltar bastante a clase. "Acuden lo justo para no llamar la atención de la Junta". Y también explicó que el ayuntamiento trabaja a diario con los inmigrantes del pueblo en acogimiento, educación, sanidad o servicios sociales.

Los vecinos declararon que la vivienda en la que Elena estuvo retenida no es la única en la que las familias rumanas viven hacinadas. "Hay por lo menos 10 casas en Arroyo en las mismas condiciones y en las que viven más de 10 personas, varias de ellas ubicadas en la calle La Sierra". El alcalde sin embargo, negó tener conocimiento del asunto. Solo se remitió a decir que "no le consta personalmente que en estas casas se ejerza la prostitución" y que los rumanos "no son un peligro para el pueblo aunque es cierto que son casi como nómadas que es muy difícil controlar, hoy aquí y mañana allí en busca de las campañas agrícolas".

Por su parte, el vicepresidente y portavoz del PP en Arroyo, Maxi Gómez, lanzó un mensaje de tranquilidad a los vecinos, "nerviosos por todo lo ocurrido", instándoles a que confíen en la Justicia, "que castigará a quienes realmente lo merezcan". Al ayuntamiento, le exige "que controle más a la gente que entra en el pueblo".