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INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL SOBRE LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES

Casi 15.000 parados de la región han llevado a su empresa a los tribunales

Las demandas por despido se han duplicado desde el año 2007, aunque la mitad se resuelve por conciliación. Otros 19.000 trabajadores han presentado reclamaciones para cobrar indeminizaciones o cantidades atrasadas

 

La crisis también tiene consecuencias sobre los juzgados. Casi 15.000 parados extremeños han denunciado a su empresa ante los tribunales durante los últimos años y cerca de 19.000 trabajadores han presentado reclamaciones para cobrar indemnizaciones o salarios atrasados. Así se refleja en un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis en los órganos jurisdiccionales, estudio que constata el aumento de la carga de trabajo de los juzgados de lo social.

Según los datos recogidos en el informe, desde el inicio de la crisis se han registrado en Extremadura un total de 14.716 demandas por despido improcedente, modificación de las condiciones de trabajo o traslado. El año de más conflictividad fue el 2012 con 2.584 denuncias, frente a las 879 del 2007. A a partir de entonces la cifra comenzó a disminuir, aunque todavía sigue siendo muy elevada, con un incremento del 85% para el todo el periodo. En relación a las reclamaciones de cantidad, se han interpuesto un total de 18.525. En este caso, el año con mayor número de denuncias fue el 2009 con 2.470 casos (en 2007 se registraron 1.526), y el crecimiento global ha sido del 20%.

Juan Manuel Rozas, abogado de empresa colegiado en Cáceres y Badajoz, explica que el incremento de las demandas laborales en el caso de Extremadura viene motivado sobre todo por la caída del sector de la construcción y el cierre de numerosas empresas vinculadas al mismo: carpintería, madera, muebles, fontanería... "Son los que más han luchado en los tribunales", indica el letrado, que también advierte un incremento en las demandas por incapacidad. Rozas reconoce que debido a este tipo de denuncias, los juzgados han experimentado entre los años 2010 y 2014 "una carga de trabajo bastante importante". No obstante, según sus datos, entre el 50% y el 60% de los casos no llegan a juicio porque se resuelven por conciliación, bien a través de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) del Ministerio de Empleo o previamente a la vista en el juzgado. En relación a las sentencias, explica que suele ganar el trabajador cuando lo que se denuncia es un despido disciplinario o vinculado al rendimiento, insultos entre compañeros o mobbing , ya que son cuestiones muy difíciles de justificar para de la empresa. No obstante, cuando el despido es objetivo, "es la empresa la que suele llevarse el gato al agua", pues solo tiene que acreditar que ha registrado pérdidas económicas.

SINDICATOS El aumento de la litigiosidad laboral también ha sido constatada por los sindicatos, que cada vez reciben más peticiones de ayuda y asesoramiento por parte de los trabajadores, sobre todo para demandas por impago. "Se pueden reclamar 20.000, 1.000, 500 e incluso un euro, porque ese dinero es del trabajador", explica el secretario de Acción Sindical de CCOO, Alberto Franco. También en estos casos la mayoría de las demandas suelen resolverse por la vía de la conciliación. A través de la UMAC, la empresa y el trabajador que denuncia pueden llegar a un acuerdo sobre la deuda pendiente y la forma de pago, si bien el trámite no es obligatorio para la empresa. Según Franco, el trabajador "suele salir perdiendo" porque acepta una quita de la deuda para cobrar antes las cantidades.

"A través de la UMAC pueden cobrar 20 días después de la demanda; si van a juicio, tardarán al menos dos años en tener una sentencia firme", explica el representante de CCOO, que reclama que se amplíen y agilicen los juzgados de lo social. Franco recuerda además que a este retraso se suma el hecho de que ya tampoco hay posibilidad de cobrar salario de tramitación porque se eliminó con la última reforma laboral y que la empresa ha podido desaparecer o empeorar su situación económica en ese tiempo.

1 Comentario
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Por POR JUSTO 19:09 - 26.12.2015

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(Que la ciudadania Cacereña esta desconforme, con los políticos que componen el gobierno municipal es un hecho)que ha quedado palpable en el ultimo pleno municipal,donde unos y otros perdieron las formas, pero que no justifica ni a unos ni a otros.Los políticos expulsaron del pleno a un grupo de personas que solamente pedían un puesto de trabajo, y que con el insulto perdieron la razón ante la incapacidad de unos políticos en buscar soluciones y convocar puestos de trabajo que en esta ciudad son mas que necesarios. los políticos no han captado el mensaje ciudadano de Mayo pasado el políticos se debe al pueblo solucionar sus problemas osea hacer políticas de servicios y no servirse de ellas.