Ocho meses después, los funcionarios de la Junta verán reflejado en sus nóminas el incremento salarial del 1% prometido para 2017. El Ejecutivo autonómico va a comenzar a aplicar esta subida en la nómina de agosto para los 39.800 empleados públicos de la Administración General y el Servicio Extremeño de Salud (SES), que además de su sueldo de agosto cobrarán, en términos medios, un extra de 121 y 211 euros por los atrasos generados desde el 1 de enero.

En el caso de los docentes, los beneficiarios son más de 16.000, pero tendrán que seguir esperando porque «las especiales particularidades de las contrataciones dentro del ámbito de la Educación» no permiten hacer efectivo el abono (serían 406 euros de media) hasta octubre.

Aplicar ahora el incremento salarial a los funcionarios es uno de los acuerdos adoptados ayer en la reunión del Consejo de Gobierno, la primera que se realiza tras el parón de las vacaciones estivales. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, recordó que la subida del 1% para los empleados públicos se incluye tanto en los presupuestos de la Junta como en los del Estado y que es ahora, una vez aprobados estos últimos, cuando puede hacerse efectiva.

Según explicó, la medida tendrá un coste total de 13,2 millones de euros de los que 2,3 corresponden a la Administración General, 4,4 al SES y 6,5 a Educación. En conjunto, son 55.800 los beneficiarios, que en términos medios (la cuantía final depende de la nómina de cada uno) recibirán un extra de 121 euros en Administración, 211 en el SES y 406 en Educación por los atrasos generados, ya que la subida se aprobó con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Los 19.000 empleados públicos de la Administración General y otros 20.800 del SES (solo 16.000 son funcionarios, pero también se incluyen las sustituciones y los eventuales porque aunque hayan trabajado un mes tienen derecho) tendrán ya la subida en la nómina de agosto y la percibirán en septiembre, pero para los más de 16.000 docentes no se aplicará hasta el próximo mes, de forma que la cobrarán en octubre.

El retraso se debe, según la Junta, «a las especiales particularidades de las contrataciones dentro del ámbito de la Educación». En este sentido, detalla que deben hacerse «multiples cálculos», especialmente en el caso de los interinos, donde también se debe manejar el parámetro de haber trabajado los 280 días para tener derecho a cobrar el verano.

Además, el mismo sistema por el que se va a abonar este incremento es el usado por la Consejería de Educación para la adjudicación de destinos a los docentes, por lo que, «para no saturar este sistema y garantizar el correcto inicio del curso, se ha decidido abonar el incremento salarial en la nómina del mes de septiembre». Estos trabajadores, no obstante, «tendrán los mismos derechos reconocidos por las decisiones de este gobierno que los de la Administración General y el SES», aseguró Gil Rosiña. Por su parte, en el caso de las empresas públicas, el abono del 1% dependerá los convenios colectivos que tenga cada una.

CRÍTICAS SINDICALES / Tras anunciarse la medida, el sindicato CSIF se mostró «sorprendido» por cómo se va a aplicar esta «irrisoria subida». «Consideramos que llega tarde, porque debería haberse abonado en julio al igual que en la Administración estatal (los presupuestos del Estado se aprobaron en junio), y mal, porque no todos los funcionarios la van a cobrar al mismo tiempo», señaló ayer el presidente del sindicato, Benito Román.

Según dijo, desde CSIF no descartan incluso reclamar los intereses de demora, pues aunque se trataría de una cantidad ínfima, se niegan a que la Administración tome como «práctica habitual» aplicar las subidas salariales a estas alturas del año. Román recordó además que con este aumento del 1% los funcionarios «volverán a perder poder adquisitivo» en 2017 y por ello ya están perfilando su estrategia de cara a la negociación de los presupuestos del 2018: un incremento salarial acorde al IPC y una cláusula de revisión que permita equiparar los sueldos a final de año si la subida de nóminas queda por debajo del alza de los precios.

«Se dijo que las medidas aplicadas a los funcionarios eran medidas circunstanciales y ya los gobernantes afirman que estamos saliendo de la crisis», recuerda Román, que asegura que todas estas cuestiones «no se pueden demorar más», pues en los últimos años la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios superaría el 14%.

Gil Rosiña, por su parte, quiso «poner en valor» las diferentes medidas introducidas por el actual Ejecutivo autonómico para los empleados públicos. Citó la devolución de la paga extraordinaria del año 2012; la recuperación de los días de asuntos particulares suprimidos y los días adicionales de antigüedad; el abono de la carrera profesional «en contra de lo que ha ocurrido en otras regiones de España», ahora y la subida del 1%. Como «tarea pendiente y probablemente la más importante», también se refirió a la recuperación de las 35 horas semanales, cuestión en la que la Junta «sigue trabajando».