El exdirigente agrario Luis Cortés volvió ayer a sentarse en el banquillo de los acusados. Un año después de ser juzgado por la Audiencia Provincial de Cáceres y condenado a 3 años de prisión por fraude en subvenciones europeas para el almacenaje y transformación de higos secos, en el Juzgado de lo Penal 1 de Cáceres se iniciaba ayer la vista contra él por unos hechos ocurridos entre los años 2003 y 2004, y en su condición entonces de secretario general de Coag Extremadura.

Cortés está acusado de haber falsificado documentos oficiales para acceder a subvenciones que concedía el Inem para la formación y empleo de parados agrícolas, y al menos una docena de los testigos que ayer declararon en el juicio confirmaron dicha falsificación. No que el autor fuera el acusado, al que la mayoría no conocía, pero sí que las firmas que figuraban como suyas en ciertos documentos oficiales no lo eran, habían sido falsificadas.

En otros casos se reconoció que ellos sí habían firmado contratos de trabajo, pero que nunca llegaron a trabajar; y en otros que pese a que se inscribieron para unos cursos de formación que según se les indicó tendrían una duración de 15 días, a ellos no se les impartió más de media hora.

Pero Luis Cortés se declaró "no responsable" de estos hechos. Aseguró no saber nada de los documentos en los que figuran firmas falsificadas, pues según indicó "la realización de la documentación no era competencia mia sino de los técnicos, de hecho muchos de los documentos que pasaban por las oficinas de Coag, de estos cursos y subvenciones o de otros, yo ni siquiera llegaba a verlos".

Aseguró el exdirigente agrario no haber tenido nada que ver con la falsificación de documentos, como tampoco con los 51.435,57 euros que Coag recibió del Inem. Justificó su desconocimiento sobre lo que fue de este dinero alegando que las ayudas se ingresaban una vez terminado el convenio firmado, en este caso con el INEM, y justificados los cursos y contratos hechos, "y cuando se hizo la justificación para cerrar este convenio y recibir estas ayudas yo no lo hice porque ya no era secretario de Coag, pues dimití en febrero del 2005".

ACUSACIONES Se trata pues en este caso de dilucidar si Cortés, como responsable de Coag, falsificó documentación oficial para acceder a las ayudas que el Inem concedió a esta organización agraria via convenio para formación y empleo de parados agrícolas en Extremadura, y qué fue de los más de 51.000 euros que se dieron.

Para el fiscal la falsificación está acreditada y acusa a Cortés de un delito continuado de falsedad en documento oficial por el que pide 2 años y 9 meses de prisión y multa de 4.000 euros, petición a la que se ha sumado la acusación particular, que ejerce Higos de Badajoz Sociedad Cooperativa --antes Sociedad Cooperativa Iniciativa Rural--. Esta imputaba inicialmente a Cortés, además del delito de falsedad documental, también un delito de estafa, y pedía 3 años de prisión y 36.500 euros de multa, pero según indicó ayer antes del inicio de la vista su letrada, María Angeles Jiménez, finalmente se han adherido a la calificación fiscal.

Argumentó al respecto que si bien "está acreditada la firma a trabajadores de altas, bajas y afiliaciones a la Seguridad Social que luego resultaron falsas", la estafa, en base a las pruebas documentales existentes, "no hemos podido acreditarla sin ninguna duda".